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Rompiendo
Ley Telecom
Por el incumplimiento de políticas en materia de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió recomendación a cada uno de los 125 Municipios de Jalisco.
La CEDHJ decidió emitir sugerencias a cada gobierno municipal de Jalisco luego de detectar omisiones en el cumplimiento de la recomendación general 3/2018, referente a desapariciones.
Tras detectar las desatenciones gubernamentales, la institución requirió un informe de ley a cada uno de los Municipios de Jalisco, pero 17 ayuntamientos fallaron en contestar. Los omisos fueron Chimaltitán, Cuquío, El Salto, Huejuquilla el Alto, Juanacatlán, Mexticacán, Quitupan, Santa María de los Ángeles, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán, Tonalá, Tuxpan, Villa Purificación, Zapotlán del Rey y Zapotlán el Grande
De los 108 que respondieron, 51 omitieron medios de prueba para acreditar las acciones que informaron. En torno a los 57 que sí incluyeron medios de prueba, la comisión consideró que implementan acciones insuficientes para prevenir las desapariciones, buscar a las víctimas, capacitar a los servidores públicos y atender a las víctimas secundarias.
La CEDHJ halló que los Municipios en general no tienen grupos de trabajo o unidades especializadas ni programas que refuercen la prevención y las investigaciones. Además, carecen de personal certificado y de políticas públicas eficaces para proteger de manera integral a las víctimas y garantizar el acceso a la verdad.
En su investigación, la instancia defensora acreditó que a tres años de que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no hay cumplimiento cabal de ella en los Municipios, por lo cual consideró necesario emitir recomendaciones a cada gobierno.
La defensoría recordó además que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el que Jalisco es el estado que concentra la mayor cantidad de cuerpos exhumados en fosas clandestinas y de reportes de personas desaparecidas. También se encuentra entre los que tienen mayor cantidad de mujeres adultas y menores de edad desaparecidas.
Ante este escenario, la institución consideró que prevalece una falta de políticas públicas para la prevención, combate y erradicación de las desapariciones, y que falta capacitación de los encargados de las investigaciones. También detectó omisiones de los gobiernos federal, estatal y municipales para asistir y atender a las víctimas indirectas, es decir, las familias de los desaparecidos.
La comisión recordó que ya ha emitido otras recomendaciones por el tema de las desapariciones, entre ellas la recomendación general 3/2018 y 15 particulares relacionadas con la desaparición de 198 personas, así como el tratamiento de 605 cuerpos que motivaron la crisis forense de 2018.
Las instancias de procuración de justicia y búsqueda de personas desaparecidas están obligadas a encontrar a dos jaliscienses de quienes se perdió rastro hace casi 11 años.
La sentencia, dictada por un tribunal federal, obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) no solo a buscar, sino a encontrar a Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez, de quienes sus familiares tuvieron noticia por última vez el 30 de septiembre de 2010, cuando se trasladaban a Zacatecas.
Además, las comisiones estatales de búsqueda de Jalisco y Zacatecas, y el Ejército Mexicano deberán colaborar en las acciones de búsqueda, según la orden del Segundo Tribunal Colegiado en el juicio a favor de María Natividad Guerrero, madre de la mujer.
Fue a través del acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que Natividad promovió un amparo y la autoridad judicial reconoció violaciones a sus derechos humanos y a los de su familia.
En Zacatecas hay un presunto responsable de la desaparición de las dos personas desde 2015, pero el ministerio público de ese estado no ha notificado de su situación a María Natividad como víctima indirecta. Juan Levario
JB-jl/I
