Batallas criminales y desinterés

Las personas desplazadas y los campos de refugiados son una constante en las zonas de guerra. La confrontación entre grupos criminales transforma cada vez más a Jalisco en un territorio en disputa. 

En el mundo, los enfrentamientos armados suelen ocurrir entre países que se disputan un territorio o facciones políticas, incluso guerrillas, que buscan tomar el control político y económico de alguna región. Las áreas donde las milicias y los ejércitos tienen mayor competencia implican batallas encarnizadas que ponen en riesgo a la población y ciudades enteras quedan desoladas por la violencia. 

En nuestro estado, la región de los Altos ha escalado en los niveles de violencia provocando ya el desplazamiento de los habitantes del municipio de Teocaltiche que han quedado en medio de los grupos en disputa y son al menos cien familias las que han preferido abandonar su patrimonio para proteger sus vidas. Lo que causa alerta es el silencio de las instituciones del Estado mexicano para aclarar lo que está sucediendo y la ausencia de acciones para proteger a esas personas. Son los mismos pobladores de la región quienes se han organizado para prestar apoyo a los desplazados, ante la inacción de los gobiernos municipal, estatal y federal. 

La presencia de Fuerzas Armadas no restablecerá la paz en Teocaltiche ni en esa región de Jalisco entre los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Para que los grupos criminales hayan alcanzado ese nivel de violencia que convierte comunidades rurales en campos de batalla, ha sido necesario que esas personas hayan quedado en el abandono de todas las autoridades constitucionales, de los programas de gobierno, de las políticas públicas, de la atención de cada uno de los organismos del Estado mexicano. 

Sólo en condiciones de verdadero abandono es posible que la gente se sienta desamparada y, en su impotencia, deba dejar todo lo que tiene para sortear la inminente letalidad de una batalla en su comunidad. 

No fue apenas el viernes cuando estalló la bomba del crimen en Teocaltiche. Ya meses antes había estado resonando el nombre de ese municipio por desapariciones de personas y por el involucramiento de agentes policiales en esos crímenes, incluso por la incapacidad de las instancias de procuración de justicia para acreditar su responsabilidad en esas actividades delincuenciales, pues solo uno de los tres policías municipales formalmente acusados quedó vinculado a proceso penal. Hoy siguen ausentes las personas que fueron vistas por última vez en esa región y la gente tiene miedo. 

La reacción de las instituciones de gobierno debe ser contundente para colocar en el centro de su atención a las personas que están en riesgo de sufrir los estragos de la guerra de cárteles en la región. La respuesta debe ser, más allá de todo discurso, un diagnóstico de las necesidades de atención de esas personas en todos los sentidos, desde la infraestructura para establecer vías de comunicación adecuadas, dignas y suficientes, hasta la reactivación de la economía y de las actividades sociales, de la educación. Las personas que han sufrido el desplazamiento necesitan una atención integral que no deberá quedar en subsidios de migajas, despensas o apoyos para menaje. 

Lo que ha ocurrido en ese lugar es una llamada de atención para voltear a ver a esas personas que han permanecido en el silencio y son una muestra de lo que está a punto de ocurrir en otros puntos de Jalisco si es que no se pone remedio al cáncer que ha generado la delincuencia organizada, generando ese tipo de vacíos en amplios sectores de las comunidades más apartadas del interés político. 

Twitter: @levario_j

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