Jalisco en pandemia: empeoran derechos

El impacto más conocido de la pandemia en Jalisco se centra en las cifras de muertos y contagiados. Pero las autoridades han minimizado o dejado fuera las consecuencias, a detalle, en los derechos de las familias: a la salud y al acceso a servicios médicos adecuados, al trabajo y al ingreso suficiente, a los laborales, a la seguridad social, a la educación y a la alimentación. El discurso oficial sobre la gestión de la pandemia en la entidad es laudatorio y parcial, deja de lado las fallas cometidas por los gobiernos federal, estatal y municipales. 

El estudio Vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales durante la pandemia de Covid-19 en Jalisco, auspiciado por el ITESO, permite asomarnos a lo que sucedió y sucede en las familias, luego de que se aplicó una encuesta en mil 200 hogares en noviembre de 2020. La investigación señala que, en un balance general, la gestión de la pandemia en la entidad, en los tres órdenes gobierno, aunque con aspectos diferentes, “fue deficiente en lo referente a la medición de la incidencia del virus, la aplicación de pruebas de detección y la eficacia de las medidas de protección y distanciamiento social”. 

El gobierno federal falló en su estimación de la tasa de contagios por Covid-19, que ponderó muy por debajo de lo reportado por los hogares jaliscienses (según la encuesta, a finales de noviembre, Jalisco habría alcanzado, al menos, 103 mil 604 casos, 2.5 veces más de lo reportado por el gobierno federal). En tanto, el gobierno del estado tuvo serias deficiencias en aplicar pruebas de detección, pues la gran mayoría (70 por ciento) de quienes buscaron obtenerlas a través de la línea telefónica habilitada desistieron porque les fijaron una fecha muy lejana. 

A su vez, los gobiernos municipales no fueron efectivos al aplicar medidas de protección y distanciamiento social, pues la gran mayoría de los encuestados opinó que su implementación fue estricta solo al inicio de la pandemia o bien que nunca lo fue. 

Añade que las medidas de prevención adoptadas por las autoridades para contener los contagios, particularmente la suspensión de las actividades económicas “no prioritarias”, “afectaron de manera severa los ingresos de los hogares de Jalisco”. Esta pérdida de ingreso tuvo efectos adversos en la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

La investigación (@ImpCOVID) de Alejandro Anaya Muñoz, David Foust Rodríguez y Carlos Moreno Jaimes aclara que no en todos los casos la pandemia causó por sí misma retrocesos en la vigencia de DESC, pues muchos de éstos ya presentaban claros síntomas de deterioro desde años atrás. Sin embargo, “puso de manifiesto la gran debilidad de los servicios a través de los cuales se ejercen esos derechos y las disparidades preexistentes en el acceso a ellos”. 

Otra conclusión es que, además de tener una gestión deficiente de la pandemia, los distintos gobiernos “tampoco fueron eficaces en mitigar sus consecuencias económicas”. Pese a la reducción generalizada del ingreso de las familias, apunta que los gobiernos no respondieron de manera adecuada con apoyos económicos, pues apenas 3 por ciento de los hogares de Jalisco reportaron haber recibido alguno, la mayoría de parte del gobierno federal. En la práctica, advierte, el acceso a derechos humanos en Jalisco, como en todo el país, “no depende, simplemente, de ‘ser persona’ poseedora de dignidad, sino de tener ingresos o, más aún, de tener cierto nivel de ellos”. 

Contar con un sistema de salud universal e ingreso básico universal son dos medidas urgentes de política pública, recomienda el estudio. Ahí están las ingentes tareas y los desafíos prioritarios. 

Twitter: @SergioRenedDios

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