Urge invertir en servicios públicos de salud mental

Si antes de la pandemia de Covid-19 los servicios públicos de salud mental se identificaban como insuficientes, de baja calidad y con cuestionables niveles éticos y excluyentes, hoy, cuando la crisis sanitaria y el encierro han generado que, de acuerdo a investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 70 por ciento de la población desarrolle ansiedad; 75 por ciento, depresión, y 80 por ciento, alteraciones en el dormir, es estrictamente necesario transformar dichos servicios para poder hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional de las y los ciudadanos a la protección de la salud integral, mismo que no se cumple a cabalidad.  

Las y los psicólogos de México, y particularmente de Jalisco, hemos planteado a las autoridades la necesidad de lograr servicios públicos de salud mental suficientes. El objetivo es que en todos los hospitales y centros de salud se pueda brindar asesoría psicológica y psicoterapia tanto en interconsulta como en consulta externa. 

También se pretende que existan suficientes psicólogas y psicólogos para que las sesiones sean normalmente cada semana y con una duración requerida técnicamente, y que se compren los materiales psicométricos (para que no se sigan utilizando pruebas piratas y técnicamente inadecuadas) y equipos de biorretroalimentación necesarios. 

Consideramos injusto que dichos servicios no estén planeados adecuadamente ni puedan ser accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad, para las y los adultos mayores, para gente pequeña, para personas de la comunidad LGBT+, para personas en situación de calle y para personas de los pueblos originarios. Tampoco vemos justo que no tengan perspectiva de género. 

Por otro lado, no debemos seguir tolerando que en muchos casos se lleven servicios públicos de salud mental con fundamentos pseudocientíficos o francamente charlatanescos y carentes de la más básica orientación ética que favorecen abusos. 

Asimismo, ha quedado claro que se requieren psicólogas y psicólogos en todas las escuelas de educación básica para trabajar con las niñas, los niños y adolescentes, con los propios profesores y directivos y con las y los padres de familia. 

Invertir en servicios públicos de salud mental no es un lujo, es una imperante necesidad que nos beneficia a todas las y los ciudadanos. 

Finalmente, vaya desde aquí nuestra solidaridad para las y los niños con cáncer y con otras enfermedades para que las autoridades les proporcionen los medicamentos y materiales para su atención. No se les debe abandonar hasta que les llegue la muerte. 

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