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Crucificándose
Empiezan las campañas
La que pareciera defensa legal perdida por el Ayuntamiento de Zapopan para no entregar permiso de habitabilidad en la Villa Panamericana se suma a miles de otros casos en que se viene abajo el interés público y priva el interés privado. Se trata de un ejemplo más de cómo los derechos colectivos, como son disfrutar una vida saludable a través de la protección del medio ambiente, se van al carajo. De nuevo, de poco o nada sirven las denuncias sobre los daños que causa y ocasionará que esa zona continúe urbanizándose. Al final, arropados en el andamiaje jurídico, unos cuantos, incluidos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, deciden a favor del desarrollo inmobiliario que sigue aplastando, destruyendo, contaminando, sembradíos, bosques, lagos, ríos, esteros, playas, flora, cerros, valles, fauna y personas.
Cito el caso de la Villa Panamericana por ser el más reciente y cercano. Pero algo similar sucede en otros asuntos de interés público, como son la seguridad pública o el acceso a la salud, por mencionar dos. En el primero, por ejemplo, está incluida la larga lista de crímenes ocurridos desde hace décadas en Aguililla, Michoacán; las matanzas en la frontera de Zacatecas con Jalisco; los crímenes y desapariciones en Pantehó, Chiapas; o las desapariciones en la carretera que une a Nuevo León con Tamaulipas, y un largo etcétera, donde criminales pisotean las leyes y nadie les pone límites.
De Jalisco se pueden precisar situaciones específicas como la Presa El Zapotillo y la empresa española Abengoa, las jugosas pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para una élite o el desarrollo inmobiliario Iconia en Huentitán. En cada caso hallamos derechos individuales y sociales que se violan al imponerse los intereses de funcionarios omisos, mafias de todo tipo, bandas delictivas, poderosas empresas o grupos políticos que medran del erario. De nuevo, el interés de las mayorías es sometido, borrado, minimizado, por intereses minoritarios.
La sensación que dejan décadas de lo mismo en Jalisco y el resto del país en los asuntos de interés público es que no hay autoridad. Vaya, sí existe formalmente una estructura de gobierno en sus tres niveles, pero que a la hora de velar por el interés público no lo hace. O lo hace mal o actúa de manera deliberada a favor de unos cuantos o es rebasada por una realidad que somete cualquier iniciativa de cambio. Otro ejemplo paradigmático: en México se puede desaparecer a 43 estudiantes, más los heridos y asesinados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, que transcurran años y se desconozca su paradero. El estado de derecho, la defensa de las garantías individuales se desploman.
Esa sensación de que carecemos de autoridades que velen por la legalidad e interés de las mayorías es objetiva y subjetiva. Son objetivos los datos, cifras, que presumen las autoridades para asegurar que vamos bien, por ejemplo, en el combate a los homicidios violentos. Pero los números, necesarios e importantes para medir o dimensionar fenómenos, también están sujetos a distintas interpretaciones; no tiene la misma apreciación el responsable de la seguridad pública que las víctimas de la inseguridad. Las cifras dejan de ser neutrales cuando son interpretadas. Lo cuantitativo tiene matices, contextos, enfoques que abren abanicos de juicios, conclusiones, prospectivas.
Hay autoridades que sí cumplen con sus funciones, pero que no dejan de ser parte de un sistema político y económico que reacomoda todo para que todo siga igual o peor. Esa sensación subjetiva de carecer de autoridades del lado de los intereses mayoritarios está ligada a la percepción. Y percepción es realidad.
Twitter: @SergioRenedDios
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