Un riesgo para la educación

Las alarmas se han encendido entre los miles de propietarios de colegios particulares y congregaciones religiosas ante la posible implementación de la Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020, que las secretarías de Economía y de Educación Pública han impulsado y han buscado acercamiento a través de diferentes asociaciones con el gobierno federal para lograr la cancelación. 

La NOM-237-SE-2020 reemplaza el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de marzo de 1992. 

Las nuevas sobrerregulaciones que se intentan exigir provocarían un aumento entre 15 y 20 por ciento de las colegiaturas, lo que haría que muchas familias abandonaran la educación privada y, con ello, el cierre de los colegios, la pérdida de empleos y la caída de la calidad educativa. 

Ya de por sí los colegios particulares están golpeados económicamente con la suspensión de clases por Covid-19. Sin embargo, las gestiones realizadas en diversas sesiones por la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas (ANEPPI) y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) han sido estériles. Ya se habla en el gremio de la educación de obtener el amparo para protegerse colectivamente ante la arbitrariedad, la ilegalidad y la inconstitucionalidad, ya que la NOM-237-SE-2020 pretende que los particulares informen con transparencia a padres de familia sobre sus servicios y finanzas. 

En México, 13.5 por ciento de las instituciones educativas de educación básica son particulares; también lo son 32 por ciento de las de media superior y 72 por ciento en educación superior, para sumar más de 40 mil colegios y universidades privadas, con más de 4 millones de estudiantes. 

La contribución de los particulares a la educación es determinante no sólo por su cantidad, sino por la calidad educativa que ofrece más allá de cumplir con los programas educativos oficiales. Pareciera que el gobierno oficial viera a los particulares como un extraño y lucrativo enemigo en lugar de uno de los mejores aliados para el progreso de nuestro país. 

La Profeco, bajo la nueva NOM-237-SE-2020, supervisará mediante unidades de verificación a los colegios y universidades lo que provocará duplicación de requerimientos, inversión de recursos que distraerán la labor educativa, simulación, y todo para tener un mayor control y regulación con exigencias que muchos no podrán cumplir obligándolos al cierre. 

Habrá que seguir muy de cerca las acciones del gobierno federal y en especial de la Secretaría de Economía ante la oposición de los particulares a sujetarse a dicha norma que pondrá en peligro a casi 50 por ciento de las instituciones privadas. 

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