Promesa incumplida

Hace décadas que en Jalisco sabemos dos cosas. Una, que la ciudad de Guadalajara en su dimensión metropolitana históricamente ha carecido de una política para hacerse cargo del manejo y procesamiento ambiental y ecológico las grandes cantidades de basura que produce a diario, técnicamente definida como residuos sólidos urbanos, y, dos, que la basura que se logra recoger (mucha queda dispersa en las calles y baldíos) es depositada en los tres vertederos que existen en la metrópoli (Los Laureles, Picachos y Hassar’s), mismos que por no haber sido construidos con los criterios ecológicos estrictos y por no disponer de la tecnología ni la infraestructura adecuada, permiten que los lixiviados, ricos en contaminantes tóxicos, que producen las montañas de basura acumulada en los vertederos, se filtren a los mantos freáticos y por gravedad terminen en el cauce del río Santiago para incrementar sus niveles de contaminación. 

En el caso de los lixiviados generados en los vertederos Picachos y Hassar’s, instalados en Zapopan, antes de dañar al río Santiago, primero afectan al río Milpillas y así terminan contaminando los huertos de mangos y hortalizas localizados en las partes bajas de la barranca del río Santiago. Por supuesto que esos son alimentos que luego se distribuyen en los mercados de la ciudad. 

Es por ello por lo que estos vertederos y otros anteriores (Matatlán, Copalita y El Taray) han sido cuestionados por los pueblos cercanos a ellos debido a los efectos que tienen sobre su salud, la de sus animales domésticos y, como dije, por la contaminación que hacen de los cuerpos de agua de donde consumen. En varias ocasiones los vertederos Picachos y Hassar’s han sido bloqueados por habitantes de pueblos como Huaxtla, Milpillas, San Esteban, Ixcatán, entre otros, quienes han demandado a las autoridades municipales de Zapopan su cierre definitivo. Estos mismos pueblos antes lograron el cierre de los vertederos Copalita y El Taray. 

En el caso del vertedero Los Laureles, ubicado a poca distancia de la cabecera municipal de El Salto, pero en territorio de Tonalá, sólo ha habido un intento fallido de bloqueo por pobladores de El Salto y Juanacatlán, allá por el 2008. En los dos casos se ha utilizado a los pepenadores como grupo de choque. La gente de Zapopan igual que la de El Salto y Juanacatlán argumentan lo mismo: los daños a su la salud causados tanto por los lixiviados como los gases tóxicos que también producen los basureros, además de los daños a su territorio. Y en los dos casos la respuesta gubernamental tanto municipal como estatal ha sido la misma: la negación, el silencio, el desprecio. 

El gobernador Alfaro prometió en septiembre de 2019 que el vertedero Los Laureles sería cerrado definitivamente durante septiembre. Ya se venció el plazo y no cumplió su promesa. Los presidentes municipales de la llamada Junta de Coordinación Metropolitana (sic) no dan pie con bola respecto de qué hacer con la basura cuando algún día se cierre este vertedero. En sus declaraciones dejan ver que siguen encerrados sólo en la cuestión de dónde construir otro vertedero que, igual que los actuales, quedará cercano a otras poblaciones que se sentirán incómodos, tal como lo expresó rápidamente la población de Tala. 

El tema es más complejo, pero, por lo visto su discurso de la sustentabilidad no les alcanza para hacerse otras preguntas más allá de donde depositar la basura de la metrópoli. ¿Qué hacer con la basura que producimos en la ciudad? O mejor, ¿cómo reducir su producción? O si la vamos a seguir produciendo, cómo hacernos cargo de ella para no seguir simplemente, irresponsablemente, enviándola a vertederos más lejanos para que la ciudad no perciba el olor de sus desechos. 

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