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Solo así regreso a la política
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Después de 21 años de lucha y un largo camino en juzgados y tribunales, la comunidad indígena coca de Mezcala obtuvo una resolución definitiva favorable, en la cual se confirma que el empresario Guillermo Moreno Ibarra invadió su territorio y tendrá que restituir las tierras.
La resolución es contundente sobre los derechos de la comunidad. Sin embargo, los habitantes de Mezcala saben que el proceso todavía no concluye. Con la misma dignidad que han caminado durante más de dos décadas buscando la justicia, esperan ahora que la sentencia se ejecute y que la tranquilidad, al menos en este caso, vuelva a su pueblo.
La cautela en torno a este importante triunfo legal surge de los antecedentes en este caso. En instancias anteriores también les habían dado la razón, pero a diferencia de casos en que existen sentencias favorables a empresarios, los gobiernos estatal y federal han actuado como si no se dieran cuenta.
Nada más dos ejemplos de lo anterior: el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y el predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia, en Huentitán. En ambos, en cuanto salió una suspensión a favor de las empresas, sin que siquiera sea definitiva, el gobierno estatal desplegó la fuerza pública para recuperar los inmuebles, sacando a ejidatarios y vecinos, respectivamente.
Los mismos comuneros de Mezcala lo vivieron en septiembre de 2011, cuando se registraron varias detenciones, incluida la de su representante Rocío Moreno, quien fue llevada con engaños a las instalaciones de un diario de Guadalajara y ahí fue detenida por elementos de la Fiscalía. El delito del que se les acusó fue daño a las cosas, por retirar un panel solar que el empresario había instalado en sus tierras.
La nueva resolución a favor de la comunidad de Mezcala fue emitida por el Tribunal Superior Agrario, que negó el amparo al empresario Guillermo Moreno. De esta forma, se ratifica la sentencia de 2019, en la que el Tribunal Unitario Agrario de distrito, que ya había determinado que el empresario invadió las tierras de la comunidad, condenó a éste y a su prestanombres Crescenciano Santana a devolverlas.
Después de la última sentencia, la autoridad agraria federal deberá regresar el expediente a la estatal, con las indicaciones de que la sentencia debe ejecutarse y que las tierras invadidas deben regresar a la comunidad de Mezcala.
En el territorio coca quedará la construcción del empresario que la comunidad ya ha planeado dejar para uso de actividades culturales colectivas.
Rocío Moreno ha dejado en claro que, además de la importancia de mantener las tierras que son propiedad de su comunidad, con esta resolución también se frena la posibilidad de que el territorio coca sea visto como un botín inmobiliario. Su privilegiada ubicación al lado del lago de Chapala fue sin duda el motivo que llevó a Guillermo Moreno a planear la construcción de su residencia. De no frenarlo, aseguró la líder indígena, se corría el riesgo de seguir la misma suerte de Ajijic o Jocotepec.
En una entrevista con el sitio Desinformémonos, el abogado Rubén Ávila Tena, quien con su trabajo y generosidad fue también un actor importante, afirmó que la sentencia definitiva es “un mensaje de esperanza de que las luchas bien llevadas son al final del día efectivas y son las correctas porque es el camino de una sociedad democrática”.
Los 21 años de resistencia del pueblo de Mezcala son un ejemplo de ello. En el camino, el poder económico y político hizo lo que pudo para aplastarlos. Cuatro gobernadores ignoraron sus reclamos e incluso en ocasiones actuaron en su contra. Con la sentencia, las autoridades estatales y federales tienen una nueva oportunidad de garantizar que la justicia que pelearon y consiguieron en tribunales sea una realidad.
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