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Siempre mintió
El abogado de Ovidio
Desde ayer empezaron en México las actividades de los integrantes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Nuestro país es el primero que visita el organismo internacional, que estará presente en 12 entidades. El viernes vendrán a Jalisco, punto obligado por la crisis forense y también porque registra el horrendo primer lugar nacional con más de 14 mil personas desaparecidas y no localizadas. Se trata de una tragedia que aumenta en vez de ceder.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), integrado por más de 70 colectivos con presencia en 22 estados de la República y tres países de Centroamérica, y una decena de organizaciones de la sociedad civil, dio la bienvenida ayer a la delegación de la ONU e hizo público un documento en el que analiza y propone medidas concretas para atender esta crisis humanitaria.
Recuerda el MNDM que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen en México 94 mil 862 personas desaparecidas o no localizadas, hasta el 1 de noviembre. Se trata de 84 mil 724 desaparecidas y 9 mil 362 no localizadas. El 99 por ciento de los registros en los cuales se ha detallado la fecha de la desaparición son posteriores a 2006, año en que gobernaba Felipe Calderón y el Estado lanzó la política militarizada de “guerra contra las drogas”.
Según declaraciones oficiales, agrega, en México sólo existen unas 35 sentencias por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, lo cual arroja “una grave crisis de impunidad en más del 98 por ciento de los casos”. La Fiscalía General de la República cuenta, por lo menos, con mil 615 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta cifra excluye las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra sucia u otros delitos en los cuales las víctimas no han sido localizadas. El resto de las investigaciones están en las fiscalías estatales, indica el MNDM.
Sin embargo, advierte: se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación. Es decir, ni siquiera se tiene una dimensión precisa de las desapariciones en México.
En el caso de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha documentado en recomendaciones la participación de policías en desapariciones forzadas. Solamente el año pasado, el organismo recibió cinco quejas con señalamientos confirmados de la participación en desapariciones forzadas de policías de Tlaquepaque, Zapopan, Ocotlán, San Miguel El Alto y Atotonilco.
Y en lo que va de 2021, la CEDH confirmó que en desapariciones forzadas participaron policías municipales de El Salto, Acatic, Huejúcar y Mezquitic. Además de otros 14 casos sin confirmarse por ahora de policías de corporaciones municipales dentro y fuera del área metropolitana, y estatales.
En la recomendación 25/2019 de agosto de 2019, por ejemplo, señala que la sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron de 73 quejas y peticiones. donde pudo identificar que en 53 casos se trató de desaparición de personas por particulares, pero en 20 casos participaron servidores públicos; esto es, desapariciones forzadas cometidas por policías.
Añadamos las desapariciones por horas de docenas de jaliscienses en las inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía del Estado, en la Zona Industrial, el 5 de junio de 2020, lo cual solapó la Fiscalía Especializada al no tipificar lo ocurrido como desapariciones forzadas. ¿Cómo confiar así en tales instituciones? Lo dicho: el comité de la ONU debe fijar su atención en Jalisco.
Twitter: @SergioRenedDios
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