Una fiscalía que sirva, y el Congreso también

En la segunda quincena de junio de 2018, varias personas, organizaciones ciudadanas, empresariales, académicas y públicas, discutimos en torno a las circunstancias en las que había operado en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, y las oportunidades que se derivaban de su transformación en una Fiscalía.

Para quienes no conocen del tema esa transformación podría ser un simple cambio de nombre, y de hecho es muy probable que así haya sido, pero en aquel entonces teníamos el anhelo de que fuera algo más, y que la institución le sirviera a la población, especialmente a quienes han sido víctimas de algún delito, por encima de cualquier otra persona o entidad.

Precisamente por eso es que se recurrió a todas las instancias que podían aportar algún punto de vista al respecto. Y es que el problema no es menor. Siempre ha sido una tentación de quienes ejercen el poder utilizar a la instancia encargada de localizar a los delincuentes, y hacer que reparen el daño que provocaron, para perseguir a los enemigos políticos y exculpar a los amigos o aliados. Y eso es algo recurrente en todos los países.

El problema es que cuando eso ocurre es muy usual que la impunidad cunda por todos lados, y eso en un país como el nuestro es muy grave, porque casi todos los crímenes que ocurren se quedan sin resolver, lo que provoca un círculo vicioso, dado que se van acumulando casos pendientes, y al final, como la mejor manera de prevenir la comisión de un delito es la certeza de que se puede recibir un castigo por cometerlo, tenemos más crímenes, y más impunidad.

El otro riesgo con una situación así es la simulación. Es decir, la autoridad afirma que se está investigando en torno a un caso, sin que así ocurra, por lo que el ministerio público termina trabajando como archivista, recogiendo, y en el mejor de los casos, organizando las evidencias y testimonios que le hacen llegar quienes desean que se resuelva el crimen, como lo han atestiguado las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, pero lo mismo pueden decir las víctimas de cualquier otro delito.

En estas circunstancias es muy preocupante que en el Congreso del Estado de Jalisco se esté pensando ratificar en el cargo de Fiscal General del Estado a una persona que ofrece dar continuidad a lo hecho por el anterior titular, quien acaba de renunciar por motivos de salud. ¿Es posible esperar que alguien haga algo diferente en esa circunstancia?

Además, el propio Congreso tiene la responsabilidad de que el proceso de selección y designación de la persona que ocupará un puesto tan importante, no pueda hacerlo con la autonomía necesaria, lo que afectará de un modo u otro su efectividad. Y esto es así porque cuando se reformó la Constitución del Estado para establecer las condiciones para dotar de mayor autonomía a la Fiscalía y sus dependencias, dejaron puesto un candado que al parecer impide que se aplique.

Ese candado es un artículo de los que se denominan “transitorios”, que son los que dicen en qué momento va a entrar en vigor una ley. Pues ese transitorio, que data de 2017, dice que los cambios a la Constitución que ya mencioné, serán efectivos hasta que el Congreso haga una reforma de la ley orgánica de la fiscalía, en la que se estipule la manera en que se elegirá a su titular, de manera que su puesto no se lo deba a nadie, más que a su propio perfil y desempeño previo.

Y como ya se estará imaginando, el Congreso no ha elaborado y aprobado esa ley, y por lo tanto las reformas constitucionales están atoradas, y ni nuestro Congreso ni nuestra Fiscalía nos sirven. ¿Vamos a dejar esto así?

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