Sin cuentas

En cuanto a cuentas públicas, la mayoría de los diputados locales son omisos en conocer cómo es el proceso y lo que deben hacer. 

Esto quedó demostrado ayer en la comparecencia del auditor superior estatal, Jorge Ortiz Ramírez, porque fueron pocos los legisladores que asistieron sin ser integrantes de la Comisión de Vigilancia, donde fue invitado a comparecer, y los que estuvieron presentes poco cuestionaron sobre el proceso de fiscalización, quizás porque en parte es su responsabilidad y no lo han hecho bien. Quizás no querían balconearse públicamente o quizás simplemente no les interesa. 

El auditor superior fue muy didáctico en señalar las cuentas públicas que sean fiscalizadas, en hacer recomendaciones, y por primera vez mencionó los procesos de embargo que realizan para recuperar los créditos fiscales. 

Sobre estos procesos de embargo, ningún legislador abundó en esta información sorpresiva porque se atuvieron a las líneas que sus asesores les habían indicado sin reparar en la información nueva que se había revelado. 

Dejaron pasar sin cuestionamientos el cómo, cuándo y por qué realiza estos procesos y si ha tenido algún éxito. La tarea se quedó a los medios de comunicación para abundar sobre el tema y que sabiamente el auditor evadió las preguntas, respondiendo que no tenía la información a la mano. 

También decimos que no se quisieron meter en detallar este tema porque implicaba reconocer que en estos últimos años han logrado quitar los cargos fiscales y justificarlos. 

Cuando se habla de cuentas públicas en sesiones de pleno se usa el recurso legal de pedir a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco los finiquitos de esas cuentas porque entregaron la información comprobatoria o hicieron devoluciones. 

El auditor superior tampoco quiso dar su opinión sobre si este procedimiento maquinado por los legisladores era adecuado y se excusó señalando que sólo le competía la parte técnica y cumplir lo que le ordenara el Congreso local o los tribunales, y que eso era lo que estaba haciendo. 

Los legisladores locales han permitido que las cuentas públicas se queden sin cargos fiscales promovidos por el órgano fiscalizador ante los argumentos de que deben dar oportunidad en todo momento a los señalados de justificar sus adeudos. 

Le han dado vuelta a la decisión final que impuso el órgano fiscalizador y sin que nadie les diga nada porque utilizan la ley a su favor; todo queda demostrado cuando se revisa que en la anterior legislatura y en la actual son mínimos los dictámenes que salen con cargos fiscales. 

Este tema es de poco interés entre los legisladores porque poco preguntan y buscan aclarar, y sólo dejan que lo manejen quienes tienen interés en el mismo o los que fueron encomendados para hacer esta tarea. 

La fiscalización queda a deber. 

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