20 años de transparencia

“Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario el control externo ni interno del gobierno”. Este fragmento forma parte de El Federalista 51. 

El pasado 11 de junio se cumplieron 20 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se trata de una ley impulsada por la sociedad civil que exigió el acceso a la información y la transparencia en México y que ahora está cuestionada por el gobierno federal. 

En México las políticas en rendición de cuentas y transparencia han avanzado y ahora datos como el sueldo de los funcionarios o sus nóminas no son secretos. Por eso me parece importante recordar el origen de esta ley. 

El derecho de acceso a la información, propuesto en la Declaración Universal de los Derechos del Individuo (1948), que establece en su Artículo 19 que los individuos tienen derecho a la libertad de expresión y de opinión, este derecho incluye el de no ser molestado por sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones u opiniones y el de difundirlas. Con investigar es claro que las personas tienen el derecho de acceder a la información. 

México dio un paso importante en la garantía del derecho de acceso a la información cuando en noviembre de 1969 formó parte de los países firmantes del Pacto de San José, donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión; así como buscar, recibir y difundir informaciones sin consideración de fronteras. Al firmar, México acepta que es el Estado el que debe proveer la información solicitada, es decir abrir sus datos a los ciudadanos interesados en conocer los documentos que dan prueba del ejercicio gubernamental. Y es aquí donde entra la transparencia. 

Esta ola de ideas permitió que, en 1975, el Plan Básico de Gobierno 1976-1982, del presidente José López Portillo, incluyera el derecho de acceso a la información como “un elemento que constituye una nueva dimensión de la democracia y una fórmula de respeto al pluralismo ideológico”. Pero el derecho de acceso a la información tuvo reconocimiento normativo en la Constitución Mexicana, en 1977, cuando se reformó el Artículo 6 para contemplarse que el derecho a la información sería garantizado por el Estado, sin embargo, esta garantía no sería cubierta hasta en los primeros años del siglo 21 cuando se aprobó la Ley Federal de Acceso a la Información. 

La transparencia, que según la autora Alicia Gómez López es una de las caras de una misma moneda, que al reverso tiene el acceso a la información. En México la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental se dio apenas en 2007, un año después de que concluyera el primer sexenio de alternancia en el poder —con el panista Vicente Fox Quezada, presidente de México en el periodo 2000-2006— ya que durante 70 años el Partido Revolucionario Institucional ostentó la Presidencia de la República en el país, fue una exigencia ciudadana. 

La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Gubernamental, sustentada por el Artículo 6 de la Constitución Mexicana, es una herramienta jurídica que la ciudadanía tiene para hacer valer su derecho a la información, misma que es el resultado de luchas históricas. 

La transparencia es una obligación de las entidades públicas, que desde el año 2002 está enmarcada en una ley, para publicar y difundir la información que generan. Actualmente, estos datos se encuentran en portales de Internet, donde se supone que se puede encontrar la información fundamental que marca la norma, sin embargo, existen sitios desactualizados y/o con información incompleta. 

Lo anterior es el resultado de entender la transparencia como una práctica de buen gobierno y no como la rendición de cuentas de los funcionarios hacia la ciudadanía. 

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