Servicios públicos de salud mental excluyentes

Hoy, mucho más que antes, vivimos situaciones complejas y adversas, y ello puede tener un profundo impacto negativo en nuestra salud mental. Entre las consecuencias se encuentran el sufrir trastornos depresivos, de ansiedad, adictivos, alimentarios y del dormir, y, en el peor escenario, el suicidio.

Aunado a sus efectos mentales, dichos trastornos también tienen un impacto negativo en nuestra salud física, en nuestra productividad académica y laboral, en nuestras relaciones con familiares, amigos y compañeros, y en incrementos de la violencia.

Ante ello se requiere prevenir y atender esos problemas crecientes; sin embargo, para muchas ciudadanas y ciudadanos aún es muy difícil acceder a servicios públicos de salud mental de calidad, panorama que empeora para las personas de sectores vulnerables, pues para ellas no están diseñados ni implementados.

Ejemplos de ello hay muchos. Para empezar, difícilmente encontramos psiquiatras y psicólogos que puedan atender a una persona con discapacidad auditiva por no conocer su cultura y no dominar la lengua de señas mexicana. Además, las instalaciones sede de los servicios no cuenten con guías dactilotáctiles y podotáctiles, ni tienen guías en braille para orientación de las personas con discapacidad visual.

Asimismo, en los espacios de atención no hay muebles diseñados para personas de talla baja y en las áreas de recepción no se cuenta con señalética que explicite un “sí” a la inclusión y un “no” a la discriminación. Un ejemplo de ello podría ser la siguiente frase: “En este centro de trabajo no se discrimina por sexo, edad, género, orientación sexual, condición socioeconómica, origen étnico, discapacidad, creencia religiosa, o cualquier otra condición de vida”, la cual podría generar un sentimiento de aceptación para las y los usuarios de los servicios.

A lo anterior se suma que las áreas de recepción, de trabajo y de los baños no cuentan con un espacio libre para que se desplacen y ubiquen las sillas de ruedas de personas con discapacidad motora. Además, muchas de las áreas de trabajo ubicadas en pisos superiores no tienen ventanales con barras de protección para personas con discapacidad psicosocial.

Otro ejemplo de la falta de inclusión es que en los trabajos de evaluación y diagnóstico psicológico no se considera la necesidad de pruebas psicométricas adaptadas y diseñadas para que puedan ser aplicadas óptimamente a personas con discapacidad visual, a lo que se añade que difícilmente existen servicios en zonas rurales para las personas de los pueblos originarios; que no existen servicios de salud mental a domicilio para personas con enfermedades crónicodegenerativas que no pueden acudir a las sedes de los mismos, y que prácticamente las personas en situación de calle están marginadas de cualquier tipo de servicio de salud mental.

Por ello, necesitamos servicios públicos de salud mental incluyentes.

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