Impacto económico de la violencia

La semana pasada, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Australia, presentó el Informe del Índice de Paz México 2024. Este informe es relevante porque identifica, mide y analiza los factores que impulsan la paz en el país. En este contexto, incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia (IEV).

El informe muestra que el IEV tiene un costo muy alto para el país. En 2023, el IEV se estimó en 4.9 billones de pesos constantes de 2023 (245 mil millones de dólares). Esta cifra equivale a 19.8 por ciento del PIB nacional. Si se divide esta estimación entre la población del país, el costo per cápita del IEV asciende a 37 mil 430 pesos por persona.

El informe también señala que los costos del IEV no son homogéneos a lo largo del país. Medidos en pesos constantes de 2023, los estados con los costos per cápita más altos son Colima (112 mil 660 pesos), Baja California (69 mil 271) y Morelos (77 mil 500). Los estados con los costos más bajos son Yucatán (12 mil 407), Tlaxcala (19 mil 751) y Chiapas (19 mil 487 pesos).

El impacto económico de la violencia en Jalisco es relativamente alto. En 2023, el IEV en Jalisco se estimó en 312 mil millones de pesos, lo que equivale a 13.6 por ciento del PIB estatal. Si se divide esta estimación entre la población jalisciense, el costo per cápita del IEV en el estado asciende a 36 mil 91 pesos por persona.

Los costos de oportunidad del IEV no se limitan al corto plazo. En 2023, el costo estimado del IEV fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las inversiones en educación. Así, el IEV tiene un costo, al menos, cinco veces mayor que el total de la inversión pública destinada a formar capital humano en el país.

El informe hace varias recomendaciones para reducir el IEV en el país. Las más importantes son las siguientes: 1) incrementar el gasto en seguridad pública y el sistema penal; 2) mejorar el funcionamiento del gobierno; 3) reducir los niveles de corrupción; 4) fortalecer la creación de capital humano; y 5) promover un entorno empresarial sólido.

En mi opinión, el informe proporciona un diagnóstico necesario y pertinente sobre los costos de la violencia en el país. Sus recomendaciones evidencian que no es suficiente combatir los factores que impulsan la violencia; también es necesario fortalecer las instituciones y políticas públicas para que sean eficaces, eficientes y confiables. Solo así podrá promoverse la paz y el desarrollo en el país.

*Economista e investigador de la UdeG

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