Sexenio de Enrique Alfaro, con al menos siete activistas asesinados

Con el homicidio de Alejandro Gobel Gómez, activista ambiental en contra de la verificación vehicular y presidente de la presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (Atervac), la administración encabezada por Enrique Alfaro Ramírez sumó la séptima muerte violenta de personas defensoras.

De acuerdo con un recuento hecho por organizaciones defensoras de derechos humanos y difundido en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2023, cuando se hizo un homenaje y exigencia pública tras el homicidio de Higinio Trinidad de la Cruz, defensor de la comunidad nahua de Ayotitlán, hasta esa fecha eran seis las personas activistas asesinadas en el sexenio.

Con el homicidio de Gobel Gómez, registrado la noche del domingo en San Pedro Tlaquepaque, la cifra aumenta a siete. El activista coordinó diversas acciones legales y sociales en contra del modelo de verificación que opera actualmente en Jalisco, pues consideraba que el esquema sólo es recaudatorio y no ayuda al medio ambiente. Nunca fue escuchado por las autoridades.

Antes de Gobel Gómez, en Jalisco fue asesinado Higinio Trinidad de la Cruz, quien por años luchó por defender a Ayotitlán, comunidad nahua en Cuautitlán de García Barragán, de la minera Benito Juárez – Peña Colorada, el crimen organizado y propio gobierno.

Él fue asesinado en noviembre de 2023 tras ser desaparecido luego de una visita a la presidencia municipal. Por su homicidio hay una persona detenida.

Antes del crimen de Higinio Trinidad de la Cruz, durante el actual sexenio hubo cinco casos más según las organizaciones. Las víctimas fueron Jonathan Santos, defensor de derechos de la comunidad LGBTI+ asesinado en 2020; José Santos Isaac Chávez, nahua, candidato a presidente del comisariado del ejido de Ayotitlán y opositor a la mina Peña Colorada, en 2021; Rosendo González Torres, marakame y líder espiritual reconocido de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, y Estanislao González Carrillo, nieto de 17 años de Rosendo González, en 2021, y Verónica Patricia Guerrero Vinueza, abogada y dirigente del Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, el cual estaba en contra de la operación irregular del basurero de Coyula, en 2022.

Aunado a lo anterior, la organización Global Witness señaló en un informe publicado en septiembre que los estados de Jalisco, Colima y Michoacán son focos rojos de violencia hacia personas defensoras del medio ambiente.

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