Judicatura: ¿ente intocable?

“El gobernador no tiene intención de poner magistrados ni jueces, no tengo interés en incidir en la vida del Poder Judicial, no tengo interés en dar espacios de control político, pero sí tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado, cueste lo que cueste…”.

No importa cuándo hayan leído el párrafo anterior ni en el sexenio de qué gobernador. A partir de que llegó la alternancia a Jalisco lo mismo pudo haberlo dicho Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, el mismo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz o el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Incluso, pueden hacerlo extensivo a Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto o a Andrés Manuel López Obrador en su tradicional mañanera.

El discurso es el mismo en boca de cualquier gobernante, pues finalmente la sabiduría popular pone a cada quien en su lugar: “de lengua me como un taco”, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”… Y así hasta el infinito.

Pero quien dijo lo referido a la entrada de esta columna fue el gobernador Alfaro Ramírez el viernes pasado al presentar su iniciativa de reforma al Poder Judicial, con énfasis especial en la elecciones de magistrados y jueces, donde subrayó que él no intervendrá en la elección de magistrados ni propondrá terna alguna, como lo proponía el diputado y coordinador de la bancada alfarista en el Congreso, Salvador Caro Cabrera.

A reserva de que en entregas posteriores abordemos los pormenores de esta iniciativa y sus puntos más controvertidos –los exámenes de control de confianza, por ejemplo–, llama la atención que el mandatario estatal no haya puesto énfasis en el Consejo de la Judicatura de Jalisco que tiene en sus manos el nombramiento, manejo y revisión de los jueces, y donde, aseguran los enterados, es el centro de los presuntos actos de corrupción que el Ejecutivo se niega a ver y denunciar.

El Consejo de la Judicatura es intocable, pues mientras todo mundo voltea a ver al Supremo Tribunal de Justicia y exige a los magistrados la reducción de su sueldo y prestaciones, la desaparición del haber de retiro y los responsabiliza de todos los males del Poder Judicial –sin duda son corresponsables–, nadie dirige su atención al Consejo de la Judicatura en donde los consejeros buscan pasar desapercibidos y seguir haciendo sus dagas a placer y con la complicidad, por supuesto, de los grupos políticos existentes en los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿O ya se les olvidó que la repartición de consejeros se hizo con base a cuotas partidistas donde Movimiento Ciudadano también tiene una plaza adquirida?

El salario de los consejeros de la Judicatura nadie lo toca, mucho menos las prestaciones y demás privilegios de que gozan. Días atrás se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado aplicó cargos a los actuales consejeros de la Judicatura por una serie de anomalías que detectó: Jorge García González, 23.9 millones de pesos; Irma Leticia Leal Moya, 4.8 millones de pesos; Eduardo Moel Modiano, por 4.8 millones de pesos, y Pedro de Alba Letipichía, por 1.7 millones de pesos.

La designación de jueces y actuación se hace a discreción: a favor de quienes terminan como cómplices, aun cuando enfrenten denuncias y registran solicitud de juicio político por actuaciones irregulares, o en contra de quienes no son cómplices y se niegan a acatar la línea sugerida, enviándolos a ejercer en municipios donde prácticamente quedan congelados.

Expertos en la materia advierten que si realmente se quiere acabar con la corrupción en el Poder Judicial, basta que le den una raspadita al Consejo de la Judicatura y la sorpresa será mayúscula. ¿O hay alguna razón para no hacerlo?

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I