Limón: la consulta ‘al diablo’

¿Qué argumentos habrán convencido en pocas horas a la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón García, de sumarse a la policía metropolitana como para tirar a la basura muchas horas de trabajo durante varios días de los integrantes de las comisiones edilicias que analizaron y discutieron el convenio que ella misma inicialmente rechazó categóricamente, y de expertos en la materia que concluyeron que no era conveniente para el municipio firmar dicho acuerdo?

Dos días de trabajo con mesas de análisis –el 6 y el 12 de agosto– y una más –el viernes 17– cuando se elaboró el dictamen final donde el punto de acuerdo al que llegaron las comisiones edilicias fue muy claro y en coincidencia con la postura que mantuvo Limón García hasta minutos antes de ingresar a Casa Jalisco el domingo pasado. Y dice:

“UNICO. El pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba rechazar la firma del Convenio Específico de Coordinación y Asociación en materia de Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado ‘Policía Metropolitana de Guadalajara’”.

Como referí ayer, el viernes pasado, dos días antes de reunirse con el gobernador Enrique Alfaro, Limón García reiteró su rechazo a este convenio y se fundamentó en el trabajo de los regidores y los expertos a los que en cuestión de pocos minutos mandó al diablo dominicalmente para decir en sus redes sociales que “la comunicación y el respeto son las mejores vías para llegar a acuerdos que beneficien a la población y protejan su patrimonio” y “En Tlaquepaque sabemos escuchar, proponer y sobre todo colaborar”.

Vale destacar que Limón García no dejó huella por escrito, de manera textual en redes sociales, de que aceptó firmar el convenio y unirse al OPD. Ese anuncio dejó que lo hiciera el mandatario estatal. Ella fue muy cuidadosa.

Pero ¿cuáles fueron las razones por las que las comisiones edilicias dictaminaron rechazar la firma del convenio? Aquí algunas:

“No establece claramente el objeto de la asociación y de la coordinación”.

“No se advierte participación y alcances del gobierno del estado (sólo menciona la aportación a la homologación salarial, pero no la participación del recurso humano, económico e infraestructura)”.

“No establece claramente con qué calidad estarán los elementos policiacos que estén a disposición”.

“No establece cómo se genera la nómina de la creación de los mandos y directivos del OPD”.

“Existe un desequilibrio convencional para el municipio, al trasladar o entregar los recursos humanos, materiales y financieros, relativos a la policía municipal que derivarán en la inviabilid0ad para cumplir en su totalidad con las obligaciones contraídas”.

“No se integra la contingencia en caso de la ausencia presupuestal de los municipios por supresión de fondos federales o inoperatividad de los lineamientos a las bases para su transferencia a un tercero”.

“Para la creación de un OPD dentro de los municipios, se tiene que aprobar por el ayuntamiento por mayoría calificada, situación que no aconteció en la firma del presente convenio por parte de los demás municipios, lo anterior con fundamento en el artículo 36 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco”.

“En la cláusula décimo segunda existe una flagrante violación a las facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de sus integrantes, dejando la facultad exclusiva de estos en una Junta de Gobierno, misma que puede modificar, derogar o adicionar el convenio se aprobara por dicha Junta de Gobierno y no por el pleno uso de sus atribuciones constitucionales”.

De todo lo anterior y más, ¿qué cambió en el tiempo que la alcaldesa estuvo en Casa Jalisco como para salir convencida de sumarse al OPD? Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I