Ayotzinapa, sin verdad y sin justicia

A punto de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa era de esperarse algún acto alusivo a ese negro hecho de la historia del país que dio la vuelta al mundo. Cualquier acto, cualquier declaración, menos, por supuesto, un resultado contundente, una condena.

Lo más predecible era que el gobierno federal saldría a dar algún balance de lo que han conseguido avanzar en el caso, luego de que formaron la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) en diciembre de 2018. Se esperaba que mostraran sus números, no sin antes subrayar las irregularidades en las investigaciones en las que incurrieron los antecesores y atribuir a ellas la ausencia de resultados.

Lo que no se esperaba fue el golpe jurídico con la liberación de Gildardo López Astudillo, uno de los líderes de Guerreros Unidos, la organización a la que se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Así como los representantes de los padres de los 43 dicen que el caso se cayó, porque funcionarios de la extinta PGR violaron derechos humanos, cometieron irregularidades y detenciones arbitrarias, al gobierno federal también se le cayó una oportunidad de dar buenos resultados.

Si bien los que ya no están tuvieron responsabilidad en la liberación de López Astudillo por faltar al debido proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) también incurrió en el descuido del caso.

Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los familiares de los desaparecidos, puntualiza que la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero debería haber tenido un diagnóstico muy claro de cómo estaban las causas, quiénes podían salir y presentarles cargos por otros delitos en otras averiguaciones que tienen abiertas y evitar un resultado de impunidad.

Una prueba acusatoria clave era una serie de escuchas entregadas por la DEA al gobierno mexicano, las cuales confirmaban los nombres, las jerarquías y la responsabilidad de cada uno de los principales mandos criminales de Guerreros Unidos involucrados en la desaparición y, eventualmente, en el asesinato de los normalistas. Pero todo indica que a la FGR se le pasó el término para presentarla, a finales de febrero de este año, y la evidencia quedó fuera del caso.

Para Aguirre Espinosa, la administración de Andrés Manuel López Obrador no puede evadir la responsabilidad en un resultado de impunidad, porque tenían elementos para seguir presentando cargos por otros delitos, pero no están cuidando los expedientes como deberían y la liberación podría beneficiar también a Sidronio Casarrubias, Felipe Flores, César Nava, Francisco Salgado Valladares, Víctor Hugo Benítez Palacios y Ramiro Ocampo Pineda.

Sin embargo, la respuesta del gobierno federal fue irse contra el juez Samuel Ventura Ramos, que absolvió a López Astudillo por falta de pruebas acusatorias que no estuvieran contaminadas con la tortura, la fabricación de delito, el dolo o la ineptitud.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien encabeza los trabajos de la Covaj-Ayotzinapa, se plantó en la mañanera del miércoles para anunciar que se investigará a funcionarios y jueces por favorecer la impunidad y que las indagatorias alcanzarán a todos los funcionarios implicados, incluidos el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal. Nada dijo acerca del proceder de la FGR.

¿Cuántos años más llevará eso? Mientras tanto, ya pasaron cinco y las familias de los 43 y la sociedad entera no ha tenido derecho a la verdad y a la justicia.

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