Magistrados: ¿se doblarán al Ejecutivo?

El 9 de noviembre de 1995, en esta columna Entre Semana, publicada entonces en el diario Ocho Columnas, revelé cómo el novel primer gobierno del PAN, con Alberto Cárdenas Jiménez como titular del Ejecutivo, pretendía hacer una limpia en el Poder Judicial bajo el argumento de que “la sociedad quiere cambios y es necesario hacerlos”, ofreciéndoles a los magistrados con carácter de inamovibles una indemnización de 150 mil nuevos pesos y una pensión vitalicia por la cantidad que entonces ganaban, que era de 8 mil nuevos pesos al mes con todo y bono, para que renunciaran a su cargo.

El encargado de la operación fue el entonces secretario general de Gobierno, Raúl Octavio Espinoza Martínez, mientras el presidente del Poder Judicial era el magistrado ya retirado Alfredo González Becerra.

El haber hecho público en esta columna el ofrecimiento económico del Ejecutivo al Judicial en el primer sexenio panista provocó que las negociaciones tronaran, pese a la reiterada negativa de Espinoza Martínez de que se les hubiese hecho alguna oferta económica para que dejaran sus cargos, y tras varios meses de publicar las declaraciones, los dimes y diretes, de los magistrados y las de los funcionarios del Ejecutivo, a las que tuvo que entrarle el propio gobernador Cárdenas Jiménez –quien inicialmente también negó el ofrecimiento–, finalmente éste desistió de su propósito de tener magistrados a modo.

En aquella ocasión el papel de los magistrados González Becerra como presidente y de los ya retirados Carlos Raúl Acosta Cordero y Salvador Cantero Aguilar, así como el aún en funciones Guillermo Valdés Angulo, quienes fueron los que hablaron ante los medios –particularmente con Ocho Columnas en exclusiva– durante los meses que duró el escándalo, fue de dignidad y de defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial ante el asedio y presión de un Poder Ejecutivo que creyó que Jalisco nacía a partir de su llegada al poder en 1995.

Las figuras de González Becerra, Acosta Cordero y Cantero Aguilar, además del resto de los magistrados que desde el pleno los apoyaron, cobran mayor relevancia y sobresalen hoy ante el vergonzoso papel que juegan el presidente magistrado, Ricardo Suro Esteves, y los magistrados Daniel Espinoza Licón, Roberto Rodríguez Preciado y Armando Ramírez Rizo, quienes ayer en la sesión del pleno del Supremo Tribunal de Justicia propusieron revocar el acuerdo aprobado por mayoría el 9 de julio para promover la controversia constitucional en contra de las reformas al Poder Judicial, sometiéndose de esta manera a los designios del también novel gobierno alfarista.

Punto aparte merece el magistrado Valdez Angulo, quien en aquel conflicto de 1995 tuvo un papel destacado en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial, pero que hoy extrañamente apoya revocar el acuerdo mayoritario de recurrir a la Suprema Corte. ¿Su cambio de conducta tendrá que ver con aquella reunión privada a la que se asegura fue llamado por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza?

En 1995 el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, que con carácter de inamovible se opuso a la oferta del Ejecutivo, ha sido ahora la cabeza de quienes mantienen la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial y ha exigido se practique a los diputados y funcionarios del Ejecutivo, comenzando por el gobernador Alfaro, exámenes de control y confianza, e inclusive el antidoping para algunos de ellos.

Ramiro Ramos es promotor de presentar la controversia y encabezó ayer a quienes rompieron el quórum en la sesión del pleno. Él ha declarado que si la Corte le da la razón al Legislativo la acatarán, pero que no pueden someterse a la voluntad de los otros dos poderes para darle gusto al Ejecutivo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.