Empresarios, ¿vigilantes o cómplices? 

Los concursos y las licitaciones de obras públicas y compras se incorporaron a la ley como un mecanismo para transparentar los procesos de gasto desde el gobierno. Para mayor garantía de que las cosas se hacen correctamente, se incluyó a la sociedad civil como vigilante, aunque las autoridades reducen siempre ese concepto a las cúpulas empresariales. 

Así que son los representantes de las diferentes organizaciones empresariales quienes se hacen cargo de la vigilancia de las licitaciones. Por ello, llama la atención que cuando surgen irregularidades son los últimos en darse cuenta. 

Cuando en algunas ocasiones algún empresario se ha atrevido a hacer denuncias por favoritismos en la asignación de contratos públicos, se ha mencionado que la validación de los empresarios se da porque luego deben esperar que les toque el turno en un contrato futuro. 

Ese parece ser el modelo que siguió Armando González Farah, quien fue el responsable por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) de vigilar la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina. El empresario, quien luego se vio beneficiado con un millonario contrato para la construcción y rehabilitación de caminos, simplemente no vio nada. 

Entre los puntos más relevantes que se pudieron documentar en la licitación de A Toda Máquina está la simulación de la licitación al permitir participar a la empresa Avancap, a pesar que no cumplía con los requisitos que se marcaron en la convocatoria; esos mismos requisitos son los que motivaron que se rechazara a otras empresas. 

Avancap no presentó algunos documentos, como la calificación crediticia o la experiencia en contratos similares. Además, el costo propuesto para los equipos fue diferente, a pesar que las dos empresas licitadoras lo cotizaron en el mismo lugar. Por si fuera poco, el precio de ambas es superior al que se puede conseguir directamente con el proveedor, descontando los servicios de geolocalización y seguros que incluyó el contrato. 

El argumento de los empresarios para no identificar irregularidades en los procesos de licitación o concursos es que son demasiados y que no cobran ninguna prestación por revisar los procesos. Pero si en realidad no van a revisarlos, ¿tiene sentido que asistan en representación de la sociedad civil? 

Al participar en las licitaciones los empresarios tienen acceso a los documentos y las diferentes etapas de los procesos. Es decir, tienen información privilegiada. Además, el espíritu de la reforma que los llevó a ese lugar fue aprovechar la experiencia que pueden tener para detectar si se actúa de manera correcta. 

Tal vez sería más honesto que desistieran de acudir a las reuniones si no son capaces de identificar las irregularidades o si no tienen tiempo para revisar los detalles de las compras y asignaciones. Porque al estar ahí lo que hacen es validar las irregularidades. Voluntariamente o no, se convierten en cómplices. 

En el caso de la participación del CCIJ en la licitación de A Toda Máquina, el presidente del organismo, Rubén Masayi González Uyeda, dijo en su momento que revisarían la licitación, aunque es evidente que fue una de esas declaraciones para salir del paso, pues el tema no ha sido abordado de nueva cuenta. Por su parte, González Farah guardó silencio y ni siquiera salió a los medios a dar una explicación de su validación del proceso. 

Ahora que El Diario NTR dio a conocer que la empresa de Armando González está entre las beneficiarias de un millonario contrato para caminos y carreteras, nuevamente el CCIJ guarda silencio, con el argumento de que no creen que sea el momento oportuno para declarar. 

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