Opacidad y sospechas en la deuda que avalan diputados

La aprobación del Congreso del Estado de la deuda por 6 mil 200 millones de pesos que solicitó el gobernador Enrique Alfaro es otra muestra de cómo en el Poder Legislativo privan intereses diversos que no necesariamente son de los ciudadanos o la población marginada. No dejo atrás a los otros poderes, públicos y privados, pero lo que sucedió este viernes exhibe mecanismos tradicionales de decisión, donde los protagonistas actúan conforme al rol que asumen o les piden asumir y el proyecto en el que desean continuar y escalar políticamente, en la lógica de la disputa de espacios de poder. 

Para darle el visto bueno a la nueva deuda que durante décadas pagarán los jaliscienses, el actual grupo en el poder omitió reglas elementales. Una, hacer pública la suficiente información sobre por qué es necesaria la deuda, de por qué ese y no otro monto, a qué se destinará en específico cada peso, cómo se vigilará que se haga buen uso más allá de un reporte semestral de una secretaría, cómo se pagará al prestamista y con base en qué criterios, cómo quedan las finanzas de la entidad, etcétera. No bastan unos cuantos videos donde el gobernador informa o escribe algunos tuits. Sin dejar de lado que esta administración encareció el costo de la deuda. 

Un axioma de la transparencia es que a menor información pública es mayor la opacidad. Ningún funcionario estatal compareció públicamente a explicar argumentos, razones, fundamentos de la decisión. No son suficientes boletines de prensa para detallar los entresijos del empréstito. ¿Cómo explicar que el año pasado los mismos diputados aprobaron otra deuda y ahora, con otras formas, repiten la dosis? Los legisladores que votaron a favor quedaron como meros aprobadores de lo que el Ejecutivo envía. La disciplina de los diputados de Movimiento Ciudadano puede también equipararse a sometimiento vergonzoso al gobernador. 

La velocidad con que se dio el visto bueno a la deuda hace sospechosa la decisión. El argumento de que la pandemia y sus efectos en la economía son razones de la urgencia de disponer de recursos implicaría también una mejor, amplia y profunda explicación sobre la deuda. La rapidez, sin darle siquiera un mínimo tiempo suficiente para precisar los alcances del empréstito, deja mal parados a los legisladores. No es digno votar casi a ciegas. Los asemeja a peones del Ejecutivo, complacientes con sus pretensiones, que por más positivas que puedan parecer exigen se conozcan al revés y al derecho. 

El Poder Legislativo de la entidad de nuevo es un espacio en el que todo se negocia. Pero se hace en lo oscuro, sin que el ciudadano sepa lo que se negocia y en aras de qué. Detrás de la votación de quienes aprobaron está no solo su posible, y subrayo lo posible, pues habría que dudarlo, convicción de que era necesario. Sin embargo, cuando se conocen casos en que el voto es para el mejor postor político, en función de ofrecimientos para continuar una carrera política, el legislador queda como trepador que usa la política para beneficio personal, que busca cargos no por su buen desempeño, sino a cambio de sus apoyos. 

Agreguemos que la iniciativa de reasignación presupuestal y la deuda contenían criterios nada claros e incongruencias que alarmaron el mismo día de la votación a la Universidad de Guadalajara y a los Hospitales Civiles. ¿Qué tan bien informada estuvo la Comisión Interinstitucional de Reactivación Económica que previamente avaló la deuda? 

En septiembre inicia el proceso electoral de 2021. El uso de los 6 mil 200 millones de pesos puede derivar en buenos destinos, pero también en la promoción de personas, grupos o partidos políticos. Las sospechas están abiertas. 

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