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Siempre mintió
El abogado de Ovidio
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió ayer una recomendación por la desaparición de 20 personas entre los años 2012 y 2019.
La instancia de defensoría detalló que de las personas sólo han sido localizadas tres, pero fallecidas. Además, los restos de una están extraviados dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
La recomendación 11/2020 congrega en total 14 quejas que fueron presentadas por familiares y seres queridos de las víctimas entre 2018 y 2019. En todas las investigaciones hubo irregularidades como dilación, ausencia de mando y conducción del ministerio público o nulo seguimiento.
Entre los casos analizados está el de una mujer que se presentó el 27 de agosto de 2019 al IJCF y le dijeron que el cadáver de su familiar había ingresado el 29 de septiembre de 2017, pero que por la fecha ya no se encontraba en el lugar. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) le reveló que no había resultados de genética y no tenía idea de dónde se encontraba el cuerpo.
En diciembre de 2019 personal de la comisión acompañó a la parte inconforme al IJCF, como parte de la queja 503/2019. A la mujer le prometieron hacer una búsqueda exhaustiva, pero hasta ahora el cadáver no ha sido encontrado.
Otro caso es el de la queja 5831/2018, en la cual dos mujeres se quejaron por la desaparición de sus esposos, ex policías de Zapopan, ocurrida el 19 de julio de 2012 en Tlajomulco de Zúñiga. En varias ocasiones solicitaron copias de la averiguación previa para tramitar la declaración de ausencia, pero la Fiscalía del Estado les informó que estaba perdida.
Por estos hechos, la CEDHJ pidió al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al director del IJCF, Gustavo Quezada esparza, atender a las víctimas indirectas y realizar la reparación integral del daño, brindarles todas las medidas de restitución, entre otras recomendaciones para distintas instituciones.
Por otro lado, la CEDHJ informó ayer que emitió la recomendación 14/2020 luego de que una persona fuera acusada falsamente por policías de Guadalajara, lo que le valió 10 meses de prisión preventiva.
La comisión acreditó que en abril de 2017 cuatro agentes que participaron en la detención de la víctima violaron sus derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la privacidad y a la libertad, tras haber allanado su casa en la colonia Analco.
Además, los uniformados presentaron reportes falsos con los que le imputaron delitos del fuero federal a la víctima.
Por este caso la defensoría pública recomendó al gobierno de Guadalajara y a la comisaría municipal garantizar la reparación integral del daño directo a la víctima e indirecto a su familia, así como agregar la copia de la recomendación a los expedientes administrativos laborales de los cuatro servidores públicos involucrados.
EH