La renuncia de MC a atacar la corrupción 

En mayo de 2019 el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, para darle a conocer lo que el mandatario aseguró era una red de corrupción al interior del Poder Judicial en Jalisco. Esa fue una de las diferentes acciones que siguió el actual gobierno estatal para acabar con este mal que aqueja desde hace muchos años a la administración de justicia y que comienza con el reparto político de los espacios en el Poder Judicial. La madrugada del viernes pasado, el gobernador y su partido representado en el Congreso del Estado renunciaron abiertamente a esa cruzada. 

Con el nombramiento de tres consejeros de la Judicatura al margen de los requisitos que se marcaron en la convocatoria, el partido Movimiento Ciudadano y sus aliados regresaron al principio de “cuotas y cuates” en el reparto político de espacios. Lo que veremos de ahora en adelante será la designación de funcionarios judiciales, como sucedió en esta ocasión, al margen de los perfiles que podrían garantizar que llegaran los mejores. 

Con la decisión que tomaron los diputados, en acuerdo con los poderes Ejecutivo y Judicial, que no han dicho ni hecho nada al respecto, podemos dar por terminada esa batalla, que llevó al gobernador incluso a la encomienda por parte del gobierno federal a encabezar lo que Enrique Alfaro calificó como “un desafío que tenemos como nación”.  

La importancia que tiene el Consejo de la Judicatura en el funcionamiento del Poder Judicial no es mínima, por lo que su integración debía ser la más pulcra. Los diputados locales renunciaron a esa posibilidad y retomaron las mismas prácticas que antes habían denunciado, el burdo reparto de espacios entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.  

La duda que todavía queda es si se mantiene la práctica que los mismos representantes de Movimiento Ciudadano denunciaron en legislaturas anteriores, de venta de plazas.  

Si bien el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con atribuciones de índole administrativa, entre sus facultades más importantes está la definición de quiénes administran justicia en primera instancia. Es decir, pueden nombrar jueces, decidir la materia de la cual conocen, la adscripción jurisdiccional que se les otorgará e incluso si son sancionados o absueltos ante una denuncia por parte de un ciudadano. Insisto, nombrar a un consejero de la Judicatura no es un tema que pueda calificarse por separado de lo que sucede al interior del Poder Judicial.  

Tradicionalmente, en las últimas legislaturas los coordinadores de las bancadas se reunían días antes de la toma de protesta para repartir oficinas, curules y comisiones. Adicionalmente, se elaboraba una lista de todos los nombramientos que se harían a lo largo de esa legislatura y se repartían entre las diferentes fuerzas políticas, atajando las diferencias y jaloneos que podrían suscitarse en el futuro.  

Podemos revisar, por ejemplo, algunas de las declaraciones que el ahora presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, hizo para denunciar esa práctica cuando era coordinador de esa bancada en el Congreso local. Si, la misma práctica que ahora siendo mayoría en el Poder Legislativo de Jalisco los emecistas retoman.  

Lo hicieron sin pudor, sin miedo a los cuestionamientos y, lo peor, sin temor a lo que su decisión significa para el futuro de la administración de justicia en nuestro estado.  

Por eso, cuando nos preguntemos por qué la corrupción se mantiene en el Poder Judicial, seguramente podremos voltear a lo que sucedió la madrugada del viernes pasado. 

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