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Posando para la foto
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Secretaría del Transporte (Setran) y Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur), por la alza en la tarifa del servicio en el transporte público en 9.50 peros el año pasado.
En la Recomendación 21/20 la defensoría pide que se garantice a las personas usuarias del transporte público el cambio fraccionario, si el pago es en efectivo y excede la tarifa establecida.
“De ser necesario, modificar las máquinas receptoras de pagos para que otorguen el cambio correspondiente, y entretanto que, verifique la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje y su destino final”.
Lo anterior, tras las múltiples quejas de ciudadanos porque tanto en el Tren Ligero, Macrobús o camiones bajo el modelo de ruta-empresa, se ven forzados a pagar la cantidad exacta de 9.50 pesos, porque si pagan más, no se les da cambio; por ejemplo, si lo hacen con una moneda de 10 pesos, los 50 centavos de diferencia se los quedan las máquinas receptoras.
En ese sentido, la CEDHJ solicitó al titular de la Setran, Diego Monraz, que implemente de manera permanente programas de inspección, verificación y revistas físicas a las unidades de transporte público, respecto a las condiciones de cada unidad y de acuerdo con la normativa vigente, y en caso de incumplir, reducirles la tarifa.
Además, le solicitó acciones para mejorar la infraestructura de las paradas de camión, el acceso a las unidades de transporte con accesorios como elevadores, área para silla de ruedas con sistema de sujeción, escalón de cortesía, dispositivos auditivos y táctiles funcionales para personas con discapacidad.
Además de otras solicitudes, también exhortó al Siteur a mejorar los ingresos a las instalaciones de Tren Ligero y Macrobús, para las personas con discapacidad y se revise periódicamente el funcionamiento de gusanos, elevadores y demás aditamentos funcionales para este sector de la población.
Por otro lado, la CEDHJ pidió al fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, aunque “no es una autoridad involucrada en los hechos”, inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos que resulta del pago que realizan las personas usuarias del transporte público.
“Se determine si hay elementos constitutivos de un delito. De resultar afirmativo, se ejecuten las acciones legales atribuibles a su competencia y jurisdicción, en contra de quien o quienes resulten responsables”.
Para la CEDHJ, la Recomendación 21/20 se generó porque fueron vulnerados los derechos de los ciudadanos a la legalidad y seguridad jurídica, a las buenas prácticas de la administración pública, al desarrollo, a las políticas públicas que propicien una mejor calidad de vida, a una buena administración pública, así como a la accesibilidad y movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad.
JB