Retos para vigilar

Todo está listo en papel para lograr que funcionen los órganos internos de control (OIC), éstos que son necesarios para poder vigilar los actos de corrupción en los entes públicos y para conocer la evolución patrimonial de los burócratas. 

Pareciera que todo esto ya es suficiente para que puedan operar, pero falta el ingrediente principal, el que podría girar la rueda para que funcione, es decir, el dinero. Y aquí es donde tendremos que ver si hay voluntad política. 

En las últimas semanas y meses se hablado mucho sobre cómo fortalecer la reforma anticorrupción 2.0, se han realizado mesas de trabajo para poder aportar ideas, se han entregado documentos por parte de organizaciones civiles y empresarios, y se ha discutido entre asesores; lo único que falta es ponerse de acuerdo. 

Esta parte que parecería la más fácil, porque únicamente se trataría de conciliar debido a que todo se ha dicho y discutido, se puede convertir en lo más difícil dado que tienen que definirse los detalles, y ahí es donde entran las particularidades partidistas y de intereses. 

Los diputados que están viendo este tema señalan que hay avances, incluso, que este año podría aprobarse porque tiene más de un año detenida. 

Sin embargo, también hay otros factores que influyen y se distraen. Actualmente este tema no se percibe como prioridad, porque hay otros temas que les interesan más, como la elección de magistrados del Poder Judicial, el informe del gobernador, el presupuesto estatal para 2021 y los movimientos internos de los partidos por las campañas. 

El punto más importante en este momento para que funcionen las también conocidas como contralorías internas es que dentro del presupuesto les etiqueten recursos suficientes dentro de sus entes públicos para contratar al mínimo personal necesario y el equipo para poder cumplir al cien por ciento su función. 

Algunos diputados tienen muy claro que si no les otorgan los recursos que necesitan para operar, todo va a quedar en papel, sin poder cumplir sus funciones ni aplicarse lo que se prometió en cuanto a inhibir la corrupción ni los plazos ni los objetivos trazados. 

Para que funcione el sistema anticorrupción es necesario contar con contralorías internas completas en su estructura y con los recursos indispensables para garantizar que en el futuro puedan evaluar libremente a sus jefes, a sus compañeros y a sus amigos funcionarios. 

A nivel nacional se cumplió con la obligación de crear un formato único para las declaraciones patrimoniales, incluso ya se pusieron de acuerdo en el plazo, que es a partir del 1 de mayo y cuando se había atrasado algunos años. Lo único que falta es que cada estado, cada municipio y cada ente público cuenten con el equipo tecnológico necesario y las personas para poder cumplir con la ley, y que en el futuro esto sirva para que se hagan las revisiones de las evoluciones patrimoniales. 

Esta parte es la más importante del proceso y la que puede dar más resultados, al conocer si hay algún funcionario público que lleve una vida contraria a sus ingresos o que tenga bienes que no pueda comprar con sus salarios y sus negocios, porque esto detonaría en que puede ser sinónimo de corrupción. 

Pero si no tiene el personal adecuado para hacer con calma este trabajo de evolución patrimonial, difícilmente podríamos conocer casos a sancionar, aun cuando los ciudadanos denuncien si perciben algo irregular. 

Si no hay independencia de recursos, poco se les podrá exigir y esta parte del sistema no funcionará. 

Todo podría quedar en el papel, como ha ocurrido en los últimos años. 

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