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Para evitar una mayor incidencia de contagios y muertes por Covid-19 en los centros penitenciarios de Jalisco, la asociación civil Documenta exigió al gobierno del estado y a las autoridades de impartición de justicia que atiendan a la brevedad la solicitud que ha realizado de manera reiterada para la preliberación de personas privadas de la libertad.
El 29 de septiembre, Documenta presentó la solicitud a las autoridades del gobierno de Jalisco, misma que ratificó el 2 de octubre; sin embargo, la administración no le ha respondido. Ante el desdén la asociación consideró que se pone en riesgo la garantía del derecho a la salud e integridad de muchos reclusos durante la pandemia.
“La documentación fue entregada al gobierno del estado y las instancias locales del Consejo de la Judicatura, la Dirección Jurídica del Sistema Penitenciario, la Fiscalía de Reinserción Social, la Procuraduría Social y la Secretaría de Seguridad de Jalisco pero, pese a haber agotado el tiempo previsto por la legislación, las autoridades han omitido notificar el auto de inicio, por lo que realizamos un llamado al gobierno estatal a respondedor a la brevedad”, mencionó ayer en un posicionamiento público al que se sumó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Las solicitudes de Documenta se enfocan en aplicar el beneficio de preliberación por política penitenciaria contemplada en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el cual establece que la autoridad penitenciaria, con opinión de la fiscalía correspondiente, podrá solicitar a jueces de ejecución la conmutación de la pena, libertad condicionada o libertad anticipada de personas con sentencia.
Bajo este principio, exigió que se aplique el beneficio a reclusos de los 12 penales locales para adultos de la entidad. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), en dichas cárceles hay una población total de 13 mil 524 personas al corte de agosto de 2020.
En abril, justo a un mes del inicio de la pandemia de Covid-19 en Jalisco, NTR publicó que los jueces de ejecución de penas no accedían a recibir solicitudes de preliberación de presos que cumplían con el perfil. En ese entonces el director general de Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, informó que aproximadamente mil 100 reclusos podrían beneficiarse con una preliberación, lo cual ayudaría a reducir los índices de sobrepoblación de las cárceles jaliscienses y el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.
Documenta se dijo preocupado porque estos procesos estén trabados y no se esté trabajando para que avancen, pese a que Jalisco está en el cuarto lugar en cuanto a contagios de Covid-19 en centros penitenciarios. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con corte al 13 de octubre reflejan que el estado contabilizaba 112 contagios acumulados y cinco defunciones. Jalisco sólo está detrás de Chihuahua, Puebla y la Ciudad de México.
“Las personas privadas de la libertad están en una situación particular de vulnerabilidad ante la pandemia. Se ha comprobado que esta población registra una tasa de letalidad por Covid 2.79 por ciento mayor que el resto de la población en el país. Por eso, es urgente que las autoridades consideren esta herramienta legal, atendiendo a los llamados que desde el inicio de la pandemia han realizado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de salvaguardar el derecho a la salud, la vida y la integridad de esta población”, añadió la organización.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población en los centros penitenciarios de Jalisco disminuyó un 22.3 por ciento de 2013 a 2019.
El censo detalla que hace siete años había 17 mil 5 personas privadas de su libertad, mientras que en 2019 el número bajó a 13 mil 212.
También se ha reducido la cantidad de ingresos y egresos por año. Mientras que en 2013 se tenían ingresos y egresos contabilizados en más de 15 mil personas, para 2019 sólo hubo 5 mil 588 ingresos y 4 mil 923 egresos.
Contrario a la reducción de reclusos, el personal operativo va en incremento. En 2013 había mil 170 custodios y vigilantes, y en 2019 se contó a mil 310. Lauro Rodríguez
jl/I