Pesimismo optimista en torno al Congreso

Al pensar en lo que nos deja la actual legislatura de Jalisco, que se encuentra en proceso de cierre, me viene a la mente una frase atribuida al filósofo y político Antonio Gramsci: “Mi estado de espíritu hace la síntesis de esos estados llamados optimismo y pesimismo y los supera: soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad”. 

Le he dado seguimiento a lo que ocurre en el Congreso del Estado de Jalisco desde el periodo de la 58ª Legislatura (2007-2010), la cual dejó muy mal sabor de boca entre la población, por el abuso de sus atribuciones que hicieron los diputados de aquel entonces. Fueron tan graves las irregularidades que cometieron, que considerábamos que no podía haber otra legislatura con peor desempeño, y se ansiaba que terminara su periodo y llegara una nueva, que, pensábamos, no podía empeorar. 

Pero nos equivocamos. La 59ª Legislatura (2010-2012) fue mucho peor en muchos aspectos, comenzando por el que era más evidente para la población: la administración de su presupuesto. Durante los tres años de esa legislatura, el Congreso se terminó antes de tiempo el presupuesto que tenía asignado cada año. El peor caso fue el del segundo año, puesto que, si mal no recuerdo, en el mes de mayo ya no tenía dinero para operar para lo que quedaba del año. Vamos, ni siquiera tenían dinero para pagar los sueldos. 

Esto me hizo darme cuenta de que no podemos apostar a la inercia, que, si queremos que las cosas funcionen bien, necesitamos organizarnos para hacer que la situación mejore, y que eso es parte de ejercer nuestra ciudadanía. 

Precisamente, ante la ignominia en la que cayó el Congreso, las exigencias ciudadanas obligaron a la 60ª Legislatura (2012-2015) a tratar de enderezar las cosas, y ahí comenzaron a corregirse algunas anomalías. Como botón de muestra, se eliminó la partida presupuestal para casas de enlace legislativo, que en la práctica funcionaban como caja chica para la mayoría de los diputados, pues podían ejercer ese presupuesto como quisieran. 

Siguiendo la tendencia, la presión ciudadana logró que durante la 61ª Legislatura (2015-2018) se echara a andar el Sistema Estatal Anticorrupción, y se fuera afianzando lo relativo a la transparencia y el acceso a la información. En ese sentido, podemos decir que esas dos legislaturas estuvieron bajo una mayor presión ciudadana, y eso las obligó a abrirse y a dar cauce institucional a varias demandas de la población. 

Sin embargo, pese a esa tendencia, se confirma que no podemos apostar a la inercia, viendo el pésimo desempeño de la 62ª Legislatura (2018-2021), ejemplificada en su actitud de cerrazón ante la ciudadanía, y su esfuerzo por desmontar de manera sistemática lo que estaba funcionando más o menos bien dentro del Sistema Anticorrupción, dejando listas las condiciones para poner al frente de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema a alguien con un perfil mucho más bajo que el de la actual titular, que es muy alto, solo por mencionar un punto. 

De ahí mi pesimismo al pensar en que la siguiente legislatura puede ser aún peor, pues muy probablemente se dedicará a solapar todos los posibles actos de corrupción que están ocurriendo en este momento en nuestro estado, y a obstaculizar aún más toda forma de participación y supervisión ciudadana en los asuntos legislativos, en vez de unir fuerzas con la sociedad civil para que haya una rendición de cuentas más efectiva. 

Pese a todo, creo que aún es posible evitar que la degradación del Congreso sea mayor. Aún podemos organizarnos para exigir que mejore su desempeño, y que sea un efectivo contrapeso de los otros Poderes. 

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