¿Y si consumimos menos?

¿Usted piensa que sería justo despojar de sus bienes a unas personas que se encuentran en una situación desventajosa, en favor de otras, que tienen una mejor situación, porque son más y tienen más recursos? ¿Y lo consideraría justo si supiera que las personas que se benefician del despojo no cuidan sus propios recursos e incluso los desperdician, y que ese despojo sólo servirá para que sigan desperdiciando, pero ahora los bienes de otras personas? 

Bueno, pues ese es el caso en lo que se refiere a la presa de El Zapotillo. Una metrópoli, la de Guadalajara, que ha crecido de manera descontrolada, en buena medida porque nuestras autoridades no cumplieron con su papel de regular y equilibrar el desarrollo urbano y el desarrollo regional, y hasta ahora no ha encontrado la manera de administrar de la mejor forma posible los recursos acuíferos a su disposición, quiere apropiarse del agua que corre en otras cuencas, para no tener que apretarse el cinturón hídrico. 

¿Por qué considero que se desperdician los recursos hídricos de Guadalajara y sus municipios conurbados? Porque no se cuenta con instrumentos técnicos y legales que nos permitan valorar y cuantificar la cantidad y calidad del agua que se encuentra en sus mantos acuíferos, y, por lo tanto, tampoco hay manera de protegerlos, y hacer el mejor uso posible de ellos. Tan es así que si en la construcción de un sótano, el constructor se topa con un manto, puede secarlo impunemente y tirar esa agua al drenaje, porque legalmente no se puede considerar como desperdicio, dado que esa agua no proviene de la red pública de abastecimiento. 

Esta situación de por sí es grave, en perspectiva de derechos humanos, porque el Estado tiene la obligación constitucional de hacer uso del máximo posible de sus recursos para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable y al alcantarillado, pero si no se sabe cuánta agua se tiene a la mano, no se puede saber si es necesario o no traer agua de otras partes. 

Ese desconocimiento ha servido de pretexto para desarrollar una política de agua potable que se enfoca únicamente en aumentar la oferta de agua, sin que se cuente con el complemento de políticas tendientes a disminuir su demanda. En ese sentido, lo que podemos esperar es que la demanda sea ilimitada, especialmente porque no se tiene una perspectiva de derechos humanos, que privilegie el acceso para el uso y consumo doméstico, sino que se le ve como un negocio que, por lo tanto, privilegia el consumo industrial o su venta a través de empresas particulares. 

¿Cómo sabemos que la distribución del agua potable no se hace con una perspectiva coherente de derechos humanos? Eso es relativamente fácil. El agua potable que le llega a través de la red pública, ¿tiene buena calidad, es decir, que no tiene color, olor ni sabor ni sustancias dañinas? ¿Lo que paga para tenerla le permite pagar alimentos, medicinas, etc.? ¿Le resulta fácil conseguir el agua? ¿La manera en que se le surte de agua no le causa problemas adicionales, por ejemplo, en lo que se refiere a su almacenamiento o uso? ¿Tiene la suficiente cantidad de agua para beber, preparar sus alimentos, y asearse usted, su ropa y su casa? 

Si mucho de lo anterior no se cumple, y además no sabemos con cuánta agua contamos en Guadalajara, y la que tenemos no la repartimos adecuadamente ni hacemos lo necesario para disminuir al máximo su desperdicio, me parece que, como metrópoli, no tenemos derecho a reclamar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por su oposición a ser despojados de sus bienes sólo para que subsidien nuestro derroche. 

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