Acuerdo Presidencial

En sus estudios, el filósofo francés Michel de Foucault encontró una relación dialéctica entre el poder, el saber y la verdad. Esto significa que cada uno de los conceptos incide en los otros dos. Por ejemplo, si alguien es reconocido como el poseedor de la verdad, entonces tiene el poder para determinar qué es lo que se puede o debe saber, y ese saber le brinda más poder. A su vez, quien ejerce el poder, puede definir, a su juicio, cuál es el saber verdadero, y en qué consiste la verdadera sabiduría, etcétera. 

Este tipo de análisis nos permiten entender las reacciones en torno a asuntos como el que en las redes sociales se denominó el #DecretazoPresidencial, en referencia a un acuerdo administrativo que el presidente de México emitió con el fin de acelerar la realización de las obras que está llevando o llevará a cabo su administración. En general, la emisión de este tipo de acuerdos es legal, y necesaria en muchas ocasiones, para favorecer la coordinación entre diversas instancias. 

Sin embargo, en lo particular el acuerdo del pasado 22 de noviembre, resulta peligroso en su contenido, debido a su ambigüedad, dado que, con el pretexto de agilizar la realización de las obras, determinó que deben de considerarse como un asunto de seguridad nacional, y, por lo tanto, la información que se genere en torno a ellas puede reservarse, y además se suspende la posibilidad de oponerse legalmente a su realización, porque quien lo haga podría ser considerado traidor a la patria. 

López Obrador utilizó su poder para tratar de imponer su verdad, afirmando que él y sus subordinados solo quieren lo mejor para el país, y que quienes se oponen a sus proyectos son enemigos de la patria, y de esa manera quiere deslegitimar cualquier oposición, que, a los ojos de sus seguidores, solo puede ser producto de la mala fe. 

Y esto le sirve para negarse a averiguar si es cierto que el Ejército ha incurrido en prácticas corruptas, por lo menos en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así como para echar en el olvido el hecho de que en la desde la ONU se determinó que su consulta a las comunidades indígenas sobre el tren maya no cumplió con los estándares mínimos reconocidos internacionalmente, por lo que es inválida. 

Desde el poder, López Obrador pide que se haga un acto de fe en su buena voluntad y en la de quienes con él colaboran, asegurando que no habrá abusos derivados de su acuerdo. Pero los asuntos públicos se gestionan desde la legalidad, precisamente para evitar los abusos, y no depender de la buena o mala voluntad de quien ejerce un cargo público. 

Y es que, ¿quién se hará responsable si una obra aprobada al vapor, por obedecer el acuerdo, se desploma y causa muertes, como ya ocurrió con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México? ¿El presidente? ¿Los pernos mal soldados? 

Por otra parte, si quienes se oponen a la realización de una obra pública federal pueden considerarse traidores a la patria, se abre la posibilidad de que el gobierno actúe en contra de las comunidades indígenas que se oponen a que el tren maya pase por sus tierras, se podrían intervenir sus comunicaciones, y sus líderes podrían ser detenidos y juzgados solo por poner un plantón que impida el avance de las obras. 

El presidente y sus seguidores dicen que eso no pasará, que son otros tiempos, pero eso no basta en un país en el que la desaparición de personas sigue creciendo, y los asesinatos de periodistas continúan impunes, especialmente cuando el presidente ya incumplió su promesa de retirar al Ejército de las calles, sin explicar los motivos reales que tuvo para hacerlo. 

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