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Siempre mintió
El abogado de Ovidio
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobará este miércoles en sesión ordinaria una controversia constitucional en contra del decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que establece que todas las obras prioritarias del gobierno federal son de seguridad nacional.
El comisionado del Inai Adrián Alcalá Méndez mencionó que el instituto tiene la facultad constitucional de impugnar el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El tema, añadió, ya se estudió y se observó que hay vicios de ilegalidad.
“Ya está enlistado (el tema) para votarse la próxima semana. La sesión semanal es cada miércoles (y) el miércoles 8 de diciembre está enlistado el asunto para votarse”, afirmó el funcionario de visita en Guadalajara por la Feria Internacional del Libro (FIL).
En el recurso del Inai se buscará obtener una suspensión en contra del decreto para que no entré en vigor mientras se investiga el fondo.
“Vamos a solicitar la suspensión de los actos para (el) efecto de que el decreto no se ejecute; sin embargo, también corresponde a la Corte pronunciarse si procede o no la suspensión de ese acto”, afirmó.
El decreto del presidente implica causales de reserva de información, lo cual es calificado como un vicio de legalidad desde el Inai. Según Alcalá Méndez, estas causales sólo pueden aprobarlas las instancias de seguridad nacional y no el titular del Ejecutivo federal.
“En este caso está expandiendo de una u otra manera que todos los sujetos de la administración pública federal, centralizada o descentralizada, actualicen información por seguridad nacional. Me explico, cualquier obra que sea una carretera (…) a lo mejor un muelle, cualquier obra como lo dice el propio decreto, se (podría considerar) de seguridad nacional”, apuntó.
El comisionado insistió en que el decreto presidencial expande las causales de reserva y crea “un nuevo momento” para reservar información no contemplado en la Ley General de Transparencia, es decir, antes de que se genere.
jl/I
