Ipejal: 12 años de saqueos 

Resulta inexplicable que, a pesar de los ya numerosos casos documentados, de inversiones fallidas que a la postre se han convertido en desfalcos y despojos a los ahorros de los trabajadores del estado, los directivos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) hoy decidan de nueva cuenta poner en riesgo el dinero ajeno, el dinero de los empleados. 

Incluso llama poderosamente la atención que en el Consejo Directivo del Ipejal, integrado mayoritariamente por funcionarios del gobierno del estado, hayan aprobado esta controvertida inversión por casi 400 millones de pesos para construir Ciudad Judicial Laboral. Lo más paradójico es que la representación de los trabajadores ante este consejo y con el respaldo de casi 60 sindicatos votó en contra, y aun así el proyecto para construir oficinas de gobierno va para adelante. 

Esta inversión riesgosa podrá ser legal, mas no es legítima, porque no es dinero público, no es dinero del gobierno; es dinero privado que aportan quincena tras quincena los trabajadores con la finalidad de tener fondos para su retiro, fondos que en los últimos años han sufrido enormes descalabros por inversiones irresponsables que han resultado en negocio para algunos. 

Valdría la pena preguntarles a los funcionarios del Ipejal de los últimos 12 años que, si así como han invertido los recursos de los trabajadores, con total facilidad y soltura, lo harían con su patrimonio personal. La respuesta es clara: cuando se trata del dinero propio nadie queremos correr riesgos, pero si es el dinero ajeno, vale la pena arriesgarlo. 

Ahora bien, resulta paradójica dicha inversión porque justo apenas unas semanas el gobierno y la Contraloría del Estado presentaron una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra quien resulte responsable por fraude, uso ilícito de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público y daño al patrimonio de los trabajadores del estado. 

Lo anterior por los ya muy conocidos desfalcos que continúan impunes, como el caso Abengoa de México y Transporte Marítimo Mexicano por un monto cercano a 2 mil millones de pesos. Adicional a estos casos se han identificado 24 empresas, las cuales también han generado un daño por aproximadamente 700 millones. 

Hay una evidente incongruencia del gobierno; por una parte, señala las inversiones del pasado, también crucifica a los pensionados denominados VIP y, por la otra, continúa con las viejas y recurrentes prácticas de hipotecar el dinero de los trabajadores en una inversión que, dicen, será un gran negocio para el Ipejal, porque recibirá 2.6 millones de pesos de renta mensual durante 20 años. 

Lo que no se menciona aquí es que todos los estudios actuariales señalan que el Ipejal tiene sus días contados, y en el mejor de los escenarios hay Ipejal por siete años más. Entonces vale la pena preguntar: ¿no están poniendo en riesgo el dinero de los trabajadores con una inversión que promete el retorno en un momento en el que tal vez el instituto ya no exista? 

Por último, si tan segura es la inversión, ¿por qué el gobierno no acude a la banca privada para solicitar un préstamo?, ¿acaso la banca privada es más rigurosa para autorizar un préstamo de esta naturaleza que los funcionarios que aprobaron esta inversión? Por cierto, la mayoría de ellos son empleados del gobernador, ¿acaso alguno de ellos se atrevería a contradecirlo? Por supuesto que los criterios de inversión de la banca privada y del Ipejal son abismalmente distintos, y esto se explica porque en el Ipejal son los propios funcionarios del gobierno los que están aprobando arriesgar el dinero de los trabajadores, en un proyecto promovido por el propio Poder Ejecutivo. 

*Abogado general de la UdeG

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