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Saturado el 911
Posando para la foto
El marco normativo de Jalisco dificulta la libertad de prensa al no garantizar del todo la protección y el libre ejercicio de este derecho humano fundamental para preservar la vida democrática. Sin que sea un consuelo ni justificación, igual sucede con el resto de las entidades federativas, unas más y otras menos; y con la legislación federal.
La afirmación se infiere de la investigación realizada por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y el apoyo de Alemania y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, que se titula Liberta de Prensa, ¿cómo se regula en México? El documento muestra cómo la legislación federal y las estatales repercuten de manera latente o definitoria contra el trabajo periodístico.
Por su experiencia en la defensa y promoción de la libertad de expresión, la organización conocida más como Propuesta Cívica (@PropuestaCivica), desarrolló la investigación para “identificar las leyes que impactan de manera negativa en la libertad de prensa en México, por lo tanto, generan contextos normativos que exponen a periodistas a mayores situaciones de riesgo en su profesión”.
La investigación se dio a conocer la semana pasada, luego de que el 3 de mayo fue Día Mundial de La Libertad de Prensa. Justo cuando, como ejemplo de las agresiones al gremio, un día después privaron de la vida en Culiacán al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. También, a menos de dos semanas del quinto aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez, en la misma ciudad de Sinaloa.
El estudio se divide en cuatro capítulos: en materia civil, penal, laboral y de protección de los periodistas, analizados con estándares internacionales. Ahí detalla los preceptos legales que no son garantes de la libertad de prensa, y que arriesgan aún más, en México, la actividad de los profesionales de la información.
Una de las diversas conclusiones del estudio, por citar un caso, es que resulta alarmante que ninguna legislación del país dé prioridad al derecho de rectificación o respuesta para reparar posibles daños a los derechos de la personalidad.
El documento aborda el delito de revelación de secretos, entre otros ejemplos, que es una valla legal para el periodista que se dedica al periodismo de investigación y busca “revelar” información oculta o que alguna persona, organización o institución no desea salga a la luz pública. Del estudio de los diversos códigos penales del país se encontró que el delito de revelación de secretos, “en ciertas configuraciones legislativas contempla verbos rectores y circunstancias complementarias de los mismos que podrían criminalizar el periodismo”. Además, se encontró que “estos elementos son ambiguos, poco específicos, abarcan un amplio espectro de la acción que puede restringir el ejercicio de derechos legítimos como los relacionados con el periodismo”. Dicho delito, “revelación de secretos”, lo prevé el artículo 143 del Código Penal de Jalisco.
La investigación pregunta ¿cuántos estados contemplan en su legislación la garantía de la libertad de expresión en los entornos laborales? Ninguno, responde. Al revisar las legislaciones, en ninguno de los estados se halló alguna norma que contemple la cláusula para garantizar la libertad de expresión en entornos laborales.
Para los diputados federales y locales, los hallazgos pueden interpretarse como una crítica al sistema jurídico mexicano relacionado con los periodistas; y también como una oportunidad de investigar y aprobar reformas a distintas leyes que garanticen el derecho a la información.
Como gremio, podemos visibilizar y exigir las reformas pertinentes. En ellas puede ir el trabajo, la salud, la libertad o la vida de más periodistas.
Twitter: @SergioRenedDios
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