¿Otra reforma electoral?

Ante el reconocimiento oficial de que hay más de 100 mil personas desaparecidas en nuestro país, y la minimización de ese dato por parte de quien se supone que nos gobierna, que además parece haber renunciado a su obligación de hacer lo necesario para que todas las personas podamos disfrutar de nuestros derechos humanos, y no sólo aquéllas que no le resultan incómodas, y ante la falta de propuestas de solución viables por parte de la oposición, ¿vale la pena seguir discutiendo sobre los mecanismos de acceso al ejercicio del poder público? 

No me malinterpreten, reconozco la importancia de los procesos y mecanismos electorales para que un sistema político que pretende ser democrático funcione. Necesitamos procedimientos que nos garanticen formas pacíficas para resolver a quién le corresponde ejercer el poder público. Y todos los procesos son perfectibles, es cierto, pero, en este momento, ¿vale la pena discutir cómo acceder al poder? ¿No sería mejor discutir cómo y con qué criterios se debe ejercer ese poder? ¿No deberíamos estar pensando en mejores maneras de que se nos rindan cuentas de los resultados obtenidos de ese ejercicio del poder, de manera que se sancione adecuada y efectivamente a quien abuse? 

Cuentan que cuando la Revolución rusa estaba en su apogeo, los jerarcas de la Iglesia ortodoxa estaban encerrados en su palacio discutiendo sobre cuál era el color más adecuado para utilizarlo en las vestiduras rituales. Y no puedo dejar de evocar esa imagen cuando veo a los partidos políticos discutir reformas electorales, con las que sólo quieren asegurar tener una rebanada más grande del pastel del poder público. De hecho, tan importantes son las elecciones en México, que en nuestra Constitución el artículo más largo, el 41, que tiene más de 4 mil palabras, es justamente el que habla de la manera en que se debe llevar a cabo todo el proceso electoral. 

Insisto, en este espacio me he pronunciado a favor de la representación proporcional en los órganos legislativos, e incluso por la eliminación de la representación distrital, que justo es lo que plantea el presidente en su propuesta de reforma electoral, aunque, a diferencia del presidente, yo he propuesto la elección mediante listas abiertas, es decir, que cada elector(a) vote por la persona que considere más adecuada para que ocupe una diputación, de manera que las personas que más votos reciban sean las que ocupen una curul, lo que significaría que el electorado decida quién llega al Congreso. 

En cambio, en la propuesta del presidente, las diputaciones se asignarían primero a quienes las dirigencias de los partidos quieran, porque las listas estarían cerradas, lo que implica que serán los partidos quienes determinarán quienes pueden o no ocupar una diputación. En otras palabras, esta propuesta le da más poder a los partidos. Pero sólo a los partidos más grandes, porque se propone que en vez de que haya una votación nacional para elegir a quienes irán a la Cámara de Diputados, lo que se haría es más complicado, ya que se harían 32 elecciones, puesto que a cada estado se le asignaría un número de diputados, en función del tamaño de su población, y al final se reunirían los 300 diputados nacionales. Me parece que esto provocará una distorsión, que ya vivimos en el siglo 19, en la que los estados con más habitantes tendrían un peso excesivo en las decisiones nacionales. 

Es claro que la propuesta de reforma electoral del presidente cambiaría las reglas de acceso al poder, pero no es claro que eso hará que el poder se utilice para ir solucionando nuestros grandes problemas públicos. 

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