La impunidad mata a balazos los abrazos

En la misa de cuerpo presente de los jesuitas asesinados, Javier Campos y Joaquín César Mora, la homilía del también sacerdote Javier Ávila Aguirre es un reclamo que reencuadra una frase presidencial: “Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. Dicha con entereza, dolor e indignación, la afirmación traspasó los muros del templo del Sagrado Corazón de Jesús, en Chihuahua. 

La afirmación actualiza y pone en su dimensión lo que está ocurriendo en el país. La estrategia del gobierno federal para combatir la violencia no da los resultados que esperan los ciudadanos. 

En la misa, antes de pronunciar la frase, el sacerdote jesuita lo subrayó: “Respetuosamente pido, señor presidente de la República, que revise su proyecto de seguridad pública; nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno acaben con la impunidad; son miles los dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación”. 

En muchos sentidos, el asesinato de los dos jesuitas y el guía de turistas reproduce lo que sucede en México. Primero, se trata de una agresión cobarde perpetrada por un grupo delictivo armado, como sucede en miles de crímenes y desapariciones de personas indefensas, incluidos niños y niñas, adolescentes y ancianos; segundo, él o los homicidas operan con impunidad desde hace años, sembrando el terror. Infringen las leyes a la vista de las autoridades, sin que sean detenidos y juzgados, al igual que ocurre en todo México. 

En tercer lugar, es un homicidio múltiple dirigido contra personas pacíficas, en una reproducción de lo que sucede en el resto de entidades, donde nadie está a salvo, y el discurso oficial de que se trata de pleitos entre bandas criminales se viene abajo. 

En cuarto lugar, los tres crímenes ocurridos en el municipio Urique, desnudan de nueva cuenta el control que tiene la delincuencia de amplias zonas del país; un país que padece la geografía delictiva del poder paralelo, de grupos que no se mueven en la oscuridad, sino a plena luz del día, como se puede comprobar en cualquier municipio del territorio. 

También, en quinto lugar, puede observarse cómo el triple asesinato no es un caso aislado; es un patrón criminal de impunidad y muerte, que abarca a todos los segmentos sociales y que se agudizó desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Se trata de una cadena de asesinatos que se han normalizado en Jalisco y el resto del país. Solo que ahora, en sexto lugar, se visibilizó más al tratarse de dos jesuitas queridos, reconocidos por su trabajo, congruentes con su fe, cuya pérdida lastima a una amplia comunidad religiosa, educativa, cultural y social. 

En séptimo lugar, las legítimas reclamaciones al gobierno federal se tienen que hacer extensivas a los gobiernos estatales y municipales del país. Los que desde ahí gobiernan llegaron con promesas, asegurando que atenderían asuntos graves como la inseguridad pública. No ha sido así, por diversas razones. Ni sus partidos políticos, ni sus legisladores han atinado a dar respuestas, metidos más en la lógica de las elecciones de 2024. Tampoco el Poder Judicial da el ancho. 

En octavo lugar, las respuestas oficiales regularmente han sido, como en este caso, mandar más fuerzas de seguridad a la tarahumara, recurrir a los programas sociales y, lo peor, aferrarse a una estrategia fracasada que muestra en regiones a un Estado fallido. 

El grito de ya basta de impunidad se extiende por diversos puntos y sectores del país. La inseguridad pública no se ataja con cifras, discursos, ineficiencias y mentiras. Ante lo que está sucediendo, la ciudadanía ajena a pleitos de poder tendrá que recuperar su fuerza para exigir que las autoridades cumplan su responsabilidad y que la seguridad, la justicia y la paz sean derechos reinantes. 

Twitter: @SergioRenedDios

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