Municipios demostrarán incumplimiento de recolección de basura

Representantes jurídicos de los ayuntamientos metropolitanos prevén que en los próximos días demuestren que la empresa Caabsa Eagle incumple con sus convenios para recolección de basura e iniciar el proceso de terminación.

Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto pidieron formalmente información acerca de la versión de la empresa y su filial Eco 5 respecto a las condiciones en que dicen estar prestando el servicio.

Con base en esos documentos podrán iniciar la evaluación acerca del cumplimiento para contar con elementos legales que les permitan demostrar que están incumpliendo con las condiciones establecidas en los convenios.

“Estamos hablando de la evaluación de un contrato de concesión. El servicio público, en los términos del artículo 115 constitucional, de aseo público, le corresponde prestarlo a los municipios. La Ley del Gobierno establece la posibilidad de que esos servicios sean concesionados a un tercero para que éste lo preste y se pague con recursos públicos”, planteó Néstor González Vázquez, del jurídico de Tlajomulco.

“Lo que en este momento se está evaluando precisamente es cuáles son las condiciones en las que se está prestando el servicio”.

Sin embargo, debido a que cada municipio tiene un convenio distinto, la manera de evaluar ese incumplimiento será diferente para cada uno.

Una acción de verificación que pedirán a Caabsa es que presente de manera simultánea en cada uno de los municipios concesionados la totalidad de su flotilla de camiones para que el personal de los ayuntamientos pueda corroborar la cantidad de vehículos que están operando y las condiciones en que lo hacen.

Se revisarán los años que tiene cada camión, sus pólizas de seguros, sus requisitos hidráulicos y el estado de sus llantas, entre otros, ya que los ayuntamientos sostienen que no cumplen con los requisitos indispensables.

González Vázquez anticipó que también se pedirá que den certeza acerca del cuidado medioambiental, verificando que la planta de transferencia ubicada en un predio que se le dio en comodato cumpla con los requisitos de las leyes ambientales.

Reveló que el tiempo que tomaría resolver un juicio contra Caabsa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEJ) podría ser de dos años y medio, por lo que se están analizando alternativas legales que no se pueden revelar por estrategia.

Alejandro Ortiz Silva, del jurídico de El Salto, confirmó que el ayuntamiento no está pagando el sobreprecio que les está cobrando Eco 5 por el incremento de costos de traslado debido al cierre del vertedero de Los Laureles. En ese municipio hay un déficit de 60 por ciento en la prestación del servicio, declaró.

En cambio, Tonalá sí está pagando el incremento de la cuota que estableció Caabsa por los traslados, ya que está estipulado en el contrato y el ayuntamiento no quiere incurrir en alguna causal de incumplimiento que pudiera echar abajo el procedimiento contra la empresa concesionaria, reportó el representante del jurídico Miguel Ángel Campechano López.

Ana Bertha Espinoza, del jurídico de Guadalajara, anticipó que el municipio no está obligado a cubrir el incremento en las tarifas por el traslado de desperdicios a Picachos, ya que es responsabilidad contractual de Caabsa y no se ha hecho modificación al respecto.

EH