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Saturado el 911
Posando para la foto
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El lunes 19 de septiembre hubo un fuerte temblor que se sintió en buena parte del país. El mismo alcanzó una magnitud de 7.7 y causó daños en cientos de edificios y también pérdidas humanas. De manera fortuita, el temblor ocurrió en el Día Nacional de Protección Civil (DNPC).
En este contexto, resulta pertinente conocer el personal, los instrumentos de planeación y los recursos destinados a la protección civil. Así, en 2021, el personal laborando en áreas de protección civil, a nivel nacional, incluía 3 mil 796 servidores públicos (tres por cada 100 mil habitantes).
Los mencionados servidores públicos se distribuyen de manera desigual en el país. Según las cifras del Inegi, los estados que tienen más servidores por cada 100 mil habitantes son Guerrero (14.2), Nayarit (13.9) y Campeche (11.0). Los que tienen menos son Coahuila (0.3), Sinaloa (0.8) y Baja California (1.0).
Las funciones de dichos servidores abarcan actividades no necesariamente relacionadas con la protección civil. Según el Inegi, la mayoría de las personas que laboraban en áreas de protección civil estatales se dedicaban a tareas administrativas (46.7 por ciento), de bombero (24.3) y de búsqueda y rescate (12.4 por ciento).
La planeación de la protección civil muestra diferencias significativas a nivel estatal. Hacia 2021, solamente había 23 estados que disponían de planes o programas de protección civil; 20 estados que disponían de planes de emergencia o contingencia; y 28 que disponían de atlas de riesgos.
A nivel municipal, la planeación tiene mayores limitaciones. Según el Inegi, únicamente 46.1 por ciento de los municipios del país disponían de planes de protección; 39.4 por ciento disponían de planes de emergencia; y 37 por ciento disponían de atlas de riesgos.
La disponibilidad de fondos propios para financiar la atención de emergencias y desastres también muestra limitaciones significativas. Según el Inegi, solamente hay 11 estados que disponen de dichos fondos. A nivel nacional, únicamente 7.6 por ciento de los municipios disponen de dichos fondos.
Los datos también muestran que la protección civil en Jalisco también tiene limitaciones. Según el Inegi, en 2021, sólo 66.4 por ciento de los municipios jaliscienses disponían de planes de protección; 60.8 por ciento disponían de planes de emergencia; y 54.4 por ciento disponían de atlas de riesgos.
Las limitaciones en la disponibilidad de personal, de instrumentos de planeación y de recursos financieros restringen el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Estas limitaciones se traducen en pérdidas materiales y humanas, en buena medida, innecesarias.
En mi opinión, México requiere destinar más recursos y apoyos para mejorar el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin duda, se necesita mejorar las acciones de protección y reducir las diferencias entre los estados y municipios. Invertir hoy en protección civil reducirá pérdidas en el futuro.
*Economista e investigador de la UdeG
[email protected]
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