Expuestos

La escena es terrible. Un tipo entra armado a las oficinas centrales de la Fiscalía del Estado, en la capital de Jalisco. Después de no poder resolver un asunto, dispara en contra de las empleadas. Hay gente corriendo, otras personas en el suelo. Se ve sangre, se oyen gritos y detonaciones. Los propios agentes lo abaten.

Continúa. En el lugar fallece también una de las trabajadoras; otras tres quedan heridas y son trasladadas a recibir atención médica. Al hombre, apodado El General Águila, lo conocían en la dependencia; se dedicaba a hacer gestiones. Entró sin mayor problema con dos armas, una calibre 22 y otra calibre 38.

Sigue. El entonces fiscal general anuncia una investigación interna para deslindar responsabilidades “por el posible relajamiento que se hubiera dado a la seguridad del inmueble”. Era septiembre de 2016.

La escena es increíble. En menos de 10 segundos, un hombre toma lo que parece ser el cutter de una bolsa que una mujer frente a él tiene encima del escritorio. De inmediato, con el objeto amenaza a esa misma mujer y a dos hombres que se encuentran con él en ese pequeño espacio de puertas y paredes de cristal.

Con la silla colgando de la muñeca de una de sus manos, sujeta a su vez por las esposas que lo mantenían supuestamente inmóvil, sale de la oficina: el juzgado oral de Chapala. Quienes lo acompañaban dentro se quedan atónitos.

Continúa. Con esa misma silla que lleva colgando rompe uno de los ventanales que da a la calle, ante la vista de los trabajadores. Tras quebrarla, sale corriendo. Un policía le alcanza a disparar, pero eso no lo detiene. Huye, aunque al poco tiempo es recapturado y a sus iniciales acusaciones por la comisión de los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio se suma el ilícito cometido ese día.

Sigue. Se le pregunta al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco sobre el hecho y atina a decir que se habían confiado. Se confiaron en que una empleada trajera un objeto punzocortante entre sus cosas, se confiaron en que las esposas y la silla serían suficientes para detener a alguien, se confiaron en que los cristales pararían la huida de cualquiera, se confiaron en que el tipo se detendría con los disparos. Así. Se confiaron. Era noviembre de 2022.

La escena es impactante. Dos mujeres, madre e hija, son asesinadas dentro de las oficinas que la Fiscalía del Estado tiene en el municipio de Poncitlán. Ahora se sabe que la más joven iba a interponer una denuncia contra su pareja por violencia de género.

Continúa. Quien las mata es el mismo hombre a quien iban a denunciar. Entra armado a la agencia del Ministerio Público y les dispara a ambas. La mujer joven queda sin vida en el lugar, mientras que la más grande, gravemente lesionada, es trasladada para recibir atención médica, aunque al final también fallece.

Sigue. El fiscal general de Jalisco dice sobre el atacante: “Fue tan rápida la agresión que no se lo pudo neutralizar”. De acuerdo con el periódico El País, el funcionario apunta que en esos momentos no había policías en la agencia porque hacían trabajo de campo. Apenas 31 de enero de 2023.

Entre el primer y el tercer hecho han pasado seis años y cuatro meses. Por desgracia, aunque parezca lo contrario, ninguno de los casos es la escena de alguna película violenta o de humor negro o de drama a la que simplemente podamos poner pausa y dejar de ver, o terminarla, apagar la televisión y seguir con nuestras vidas, porque nadie salió lastimado. Así es la ficción: finita.

Y en los tres casos lo que retumba son voces que, pareciera, son reflejos de indolencia, de resignación, de abulia, de conformidad.

Hubo un posible relajamiento de la seguridad, nos confiamos, no había policías en ese momento, nos dicen, como si no hubiera vidas en juego por las decisiones que a diario toman ellos o sus subordinados y que permiten que, en seis años y cuatro meses, hechos como estos continúen.

Ni en los lugares adonde vamos a pedir y a recibir justicia estamos seguros.

La maldita ironía.

Twitter: @perlavelasco

jl/I