Solicitudes de acceso

Las solicitudes de acceso a la información son una de las herramientas más importantes que los ciudadanos tenemos para garantizar nuestro derecho de acceso a la información; incluso en los documentos oficiales se reconoce que son “escritos que las personas presentan ante las unidades de Transparencia de los sujetos obligados”, es decir, entidades públicas, gobiernos, universidades, organismos públicos descentralizados, etc., en el cual se requiere acceso a documentos o información que “generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos”.

Esto no sólo es una intención del gobierno de dar a conocer su información; es un derecho establecido en la Constitución y en leyes generales y estatales.

En estas normas se establece que la información que el ciudadano obtenga de las dependencias públicas deberá ser accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información.

Sin embargo, esto no es así. En muchas ocasiones las unidades de Transparencia de las dependencias, que son las que nos responden, están en contra del ciudadano, negando información que debería estar publicada en los portales de internet de los sujetos obligados o bloqueando la información que para la entidad pública puede ser comprometedora. Y lo anterior, no lo digo como mera suposición, la mayoría de los periodistas o investigadores que ingresamos solicitudes de accesos sabemos que es el camino más largo para obtener información.

Y esto lo comento porque en estos días estoy asesorando a un periodista de Guanajuato que desea preguntarle a la Secretaría de Seguridad, pero sobre todo las entidades de seguridad alegan que su información es confidencial por temas de seguridad nacional, y así nuestras preguntas terminan sin respuestas.

Preguntas que sólo buscan presentar o estudiar una realidad, pero que no se puede mostrar completa porque existen estos vacíos de información.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de octubre de 2021 a septiembre de 2022 ingresaron 314 mil 435 solicitudes de información pública, lo que representa un incremento de 10.32 por ciento en el número total de las solicitudes de información en comparación con el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021.

La mayoría de las solicitudes de acceso son ingresadas por ciudadanos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; 73.3 por ciento de las solicitudes fueron ingresadas por esta vía.

En febrero de este año, cuando el Inai presentó estos datos, también dio a conocer que 11 mil 744 solicitudes no eran del todo claras, “porque los datos para localizar los documentos eran insuficientes o erróneos, los sujetos obligados pueden requerir a los solicitantes información adicional con el fin de darles respuesta”. Y más de 22 mil solicitudes requirieron prórroga para su atención.

De las solicitudes, 9 mil 944 fueron desechadas por falta de respuesta al requerimiento de información adicional; 367 fueron desechadas por falta de pago de los costos de reproducción y envío.

Honestamente, no estoy de acuerdo en que se deseche información por falta de pago de los costos, pero así está establecido en la ley. Hay que pagar por discos, copias, etc.

También, 4 mil 163 solicitudes recibieron como respuesta: inexistencia de la información.

Otro punto que no se analiza, pero que es importante, es la calidad de las respuestas.

Entrar en el camino de las solicitudes de información como manera de nutrir nuestras investigaciones siempre es un reto con muchos obstáculos, pero aun así debemos emplear esta herramienta para presentar una realidad más amplia, por lo que recomiendo tener paciencia.

Ojalá las unidades de Transparencia recuerden que existen para garantizar un derecho.

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