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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
Entre las distintas actividades para exigir la aprobación en Jalisco de la ley Sabina, cuyo objetivo es establecer una pena legal para los padres que evaden sus responsabilidades financieras para con sus hijas e hijos o cónyuges, colectivas consideran la realización de una huelga de hambre.
Así lo indicó Athziri Bugarín, integrante de Feministas en Guadalajara, agrupación que forma parte de la Red Colectivos Unidos Jalisco, también conformada por Sororas Violetas, Manitas Violetas, Ley Sabina Nacional y Sabinas de Jalisco.
En entrevista, la activista recordó que entre las acciones realizadas para exigir la aprobación de la ley en Jalisco se encuentran la instalación de tendederos para exhibir a padres deudores, entrega de apoyos a madres en procesos legales, creación de espacios seguros para madres autónomas violentadas y jornadas de capacitación para que mujeres identifiquen las violencias de género; sin embargo, aceptó que han sido insuficientes para que el Congreso local atienda la legislación.
Ante la omisión, anticipó, sin precisar fecha, que a los diputados y senadores electos les entregarán una petición por escrito para promover el tema. Además, desde la colectividad buscarán reunirse con otras agrupaciones jaliscienses para impulsar el tema, pero en caso de no haber respuesta de las autoridades realizarán una huelga de hambre y manifestaciones.
Una medida así fue tomada recientemente por activistas en pro de una ley contra la violencia vicaria. Para exigir su aprobación, madres de familia víctimas de ella realizaron una huelga de hambre y un encadenamiento desde el 30 de mayo enfrente del Legislativo.
La acción trajo frutos, pues el 5 de junio el Legislativo legisló sobre el tema, aunque no de la manera en que se le exigió, ya que los diputados evitaron nombrar a la violencia vicaria en la ley y sólo crearon un agravante al delito de violencia familiar denominado violencia por interpósita persona.
La ley Sabina también tiene el fin de documentar los nombres y apellidos de los padres irresponsables en un registro nacional de deudores alimentarios.
“Cuando, por ejemplo, se habla de un deudor, lo entendemos como una persona que no dio alimentos, se desapareció por completo o no quiso reconocer a sus hijos, etcétera, dejan de dar para los gastos de colegiaturas, útiles, alimentos y sobre todo también los de salud”, añadió Bugarín.
jl/I