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La justicia en México está en riesgo de politizarse si se implementa la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó el magistrado Hugo Bermúdez Manrique, coordinador del Comité de Independencia Judicial de la Asociación de Magistrados y Jueces.
Las observaciones que realizó la relatora especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, sobre la iniciativa del presidente López Obrador, son una alerta de que México estaría incumpliendo con tratados internacionales en materia de justicia, derechos humanos e independencia judicial.
“Está la relatora avisando que esa iniciativa tiene ciertas dolencias y que en su momento estarían, si se continúa en ese mismo sentido por ejemplo en la elección popular de ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces, pues en una fragante violación a estos estándares internacionales y por lo tanto en violación al principio de independencia judicial por qué, porque no se garantizaría una justicia independiente”.
El magistrado Hugo Bermúdez Manrique señaló que México firmó los tratados internacionales sobre la independencia judicial y se espera que se cumpla lo pactado.
Insistió que la principal preocupación es que la justicia se politice y no haya imparcialidad. Actualmente, dijo Bermúdez Manrique, en el Poder Judicial de la Federación sus integrantes tienen una formación de carrera judicial y con ello se garantiza la independencia, sin que exista alguna presión externa sobre las resoluciones que emiten.
Afirmó que la reforma de López Obrador es precipitada, un cambio al Poder Judicial como el que pretenden debe darse con tiempo, involucrar a todos los sectores que impactan como las empresas, los defensores de los derechos humanos, académicos y demás personas para que se garantice la libertad de los jueces y protejan las garantías individuales.
Indicó que la reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de seguridad e impartición de justicia, si se quisiera resolver estos temas se iniciaría por modificar a las policías de los estados, de la Federación, así como a las fiscalías, por lo que sostuvo que con esta iniciativa sólo se busca “destruir algo que está funcionando”.
EH