Quinto Patio

El Diccionario de la Lengua Española precisa siete significados para la palabra crisis; tres que, ni mandadas a hacer, para la crisis forense en Jalisco. Escojan la que les guste: crisis es un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”, una “situación mala o difícil” y un “examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente”. Un híbrido podría ser que, luego de examinar la mala situación forense en el estado, se requiere un cambio profundo.

Y hacerlo exige invertirle recursos. De ahí que Axel Rivera Martínez, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, anunció que habrá un aumento presupuestal de 99 mdp que se destinarán exclusivamente a una de las responsabilidades de la dependencia en las que tiene un problemón: la identificación de los cuerpos. Ahí se centra parte de la crisis forense. Recordemos que este miércoles, en el Congreso del Estado, se organizó la mesa de trabajo “Crisis forense”, y Rivera Martínez escuchó a los colectivos de familias con personas desaparecidas que plantearon quejas, demandas y propuestas. Su voz y la del instituto deben ser la guía para tomar decisiones a favor de las víctimas.

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Otra crisis, para variar, ocurre en el Siapa. La han reconocido sus directivos; la sufren las familias. Porque, cuando no ocurre una falla aquí, sucede una falla allá, y el organismo suspende el abasto en tales o cuales colonias; y si llega el líquido, no falta que salga de la llave sin cumplir lo que enseñan en las escuelas primarias: el agua debiera ser inodora, incolora e insípida.

La cosa es que en el Congreso del Estado los(as) diputados(as) se reunieron en una mesa de trabajo con Karina Anaid Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio; Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión del Agua; y Antonio Juárez Trueba, director general del Siapa, quienes informaron de la cartera vencida de 526 mil usuarios, que van tras la actualización del padrón para recuperar alrededor de 600 millones de pesos; que urge modernizar la infraestructura, rehabilitar bocas de tormenta, sustituir líneas de alcantarillado y demás. De ese tamaño.

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Por cierto, aunque el Sindicato Independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (Sipolej) exigió la entrega de los videos del área donde ocurrió un presunto caso de acoso (registrado el 11 de abril dentro del palacio legislativo), luego de que se reportara inicialmente que las cámaras “no servían”, el área de Comunicación Social del Congreso local documentó que los videos sí fueron entregados al Órgano Interno de Control como parte del expediente correspondiente. Tomen nota.

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De cada cinco ejecuciones cometidas en Jalisco, en cuatro los asesinos utilizan motocicletas, informaron autoridades de seguridad, compartió a esta vecindad el alcalde Tonalteca, Sergio Chávez, quien señaló que tiene más de mil motos abandonadas, que nadie reclama, aseguradas por policías y el escuadrón municipal, y que seguramente una parte han sido utilizadas en ilícitos.

Sin placas, sin casco, sin el respectivo chaleco, circulando a exceso de velocidad, con imprudencia, las motocicletas y sus conductores hacen lo que quieren en la metrópoli tapatía. Falta legislar y reforzar operativos.

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jl/I