Quinto Patio

Precisamente ayer la Fiscalía del Estado informó que recibieron sentencia condenatoria de 40 y 41 años de prisión dos policías de Poncitlán que habrían participado en 2020 en el delito de la desaparición forzada de un hombre. Ambos elementos municipales, Pachita y Juan Pablo, son señalados como partícipes en la detención de un hombre a quien se acusaba por abuso sexual, aunque no fue puesto a disposición del Ministerio Público. La víctima desapareció luego de que se le liberara por el supuesto pago de una multa, pero fue encontrado sin vida seis días después en un terreno.

Y decimos que precisamente ayer se dio a conocer el involucramiento de ambos uniformados municipales poncitlenses, que son solo dos de los 309 policías que desde diciembre de 2018 han sido detenidos por desaparición forzada de personas en Jalisco. Los últimos son tres ex policías de Tala señalados por presuntamente llevar a un hombre al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, tras haberlo retenido. Es evidente: el gobierno federal miente con todos los dientes al asegurar que no se cometen en el país desapariciones forzadas, como han denunciado una y otra vez familias, y organismos ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU.

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Y ya carrereados, anotemos que la Fiscalía del Estado de Jalisco metió reversa y aseguró que la labor de búsqueda de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y quien fuera asesinada en Tlajomulco con su hijo la semana pasada, es ya una línea de investigación en torno a su asesinato y el de su hijo. Luego de ser criticado por colectivos y defensores de derechos humanos el boletín de prensa que emitió la fiscalía, esta respondió que se malinterpretó el comunicado. No, pos sí.

Añadamos que, tras el asesinato de María del Carmen, quien buscaba a un hijo desaparecido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó proteger a integrantes del colectivo Guerreros Buscadores. Esta asociación ha hecho diversos hallazgos; uno de ellos, en marzo, en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán. Se trata de un colectivo que ha localizado restos de personas sepultadas en fosas clandestinas. De ahí que la defensoría solicitó a las autoridades estatales investigar el doble crimen, de forma inmediata y exhaustiva, con perspectiva de género. Esperamos resultados.

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El vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, dio a conocer que ya se judicializó la carpeta de investigación que se sigue por apología del delito contra el grupo musical Los Alegres del Barranco, que el pasado 29 de marzo, en el Auditorio Telmex, presentó imágenes que aludían a líderes criminales del narcotráfico. Como parte del proceso se citará por tercera ocasión a los integrantes de la agrupación y sus representantes, pero esta vez ante un juez.

En tanto, hay alcaldes y alcaldesas, como la de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, que buscan frenar que en presentaciones musicales organizadas en sus respectivos municipios se haga apología del delito. La edil firmó un convenio de colaboración para garantizar no ocurra lo que en el Telmex en un evento artístico que habrá esta semana. Por si las moscas…

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