Notario, sancionado en varias ocasiones

El notario Álvaro Guzmán Merino, quien fue denunciado penalmente por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) por irregularidades halladas en al menos 43 escrituras de viviendas adquiridas con créditos hipotecarios concedidos por dicho organismo, fue sancionado en varias ocasiones. Además, en febrero de 2021 expidió escrituras a favor de un particular de un predio que forma parte de la zona federal del lago de Chapala.

La primera sanción hacia el titular de la Notaría Pública 126, publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco, fue emitida el 23 de noviembre de 2004 y está firmada por quienes fungían como gobernador del estado y secretario de Gobierno, Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pérez Plazola, respectivamente. 

En febrero de ese año agentes del Ministerio Público realizaron una inspección a la notaría y confirmaron las irregularidades que se habían denunciado. Por ello se determinó suspenderlo 6 meses al determinarse que incurrió “en responsabilidad administrativa en el ejercicio de su función notarial”, pues “quebrantó la imparcialidad y rectitud que corresponde como fedatario público”. En ese momento se le señaló de “falta de probidad”.

Después, en agosto de 2018, funcionarios de la Procuraduría Social levantaron un acta sobre irregularidades halladas en la notaría de Guzmán Merino, por lo que en julio de 2020 el entonces gobernador, Enrique Alfaro Ramírez y el ex secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, firmaron una sanción en su contra, “consistente en la suspensión en el ejercicio de sus funciones por un término de 12 meses”.

En la edición del periódico oficial del 11 de agosto de 2020 se publicó un edicto en el que se informa que Álvaro Guzmán consiguió una suspensión en un amparo, por lo que se le permitió “reanudar provisionalmente el ejercicio de su función notarial y hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías”.

Pero el 5 de mayo de 2022 se publicó una nueva sanción, también firmada por Alfaro Ramírez e Ibarra Pedroza, “consistente en la suspensión en el ejercicio de sus funciones por un término de dos años”, por lo que además se instruyó al Archivo de Instrumentos Públicos para que asegurara la documentación con la que realizaba su función.

Finalmente, el 8 de febrero de 2024 el ex gobernador Enrique Alfaro revocó el nombramiento y determinó la “inhabilitación definitiva para desempeñar” el cargo de notario para Álvaro Guzmán Merino.

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer ayer que el Ipejal denunció penalmente a Guzmán Merino después de que trabajadores que compraron viviendas con créditos del instituto pagaron el impuesto de transmisión patrimonial en la Notaría Pública 126, pero el dinero no fue reportado ante las autoridades.

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