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Saturado el 911
Posando para la foto
Durante los últimos días los candidatos a la gubernatura de Jalisco se han enfrascado en un debate sobre cómo ampliar la cobertura educativa en el nivel superior. Por un lado, el candidato del PRI, Miguel Castro, propone la creación de una nueva universidad pública. Por otro lado, el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, propone hacer un convenio con las universidades privadas y establecer un sistema de becas para subsidiar la colegiatura.
Este debate es muy positivo para la vida política de Jalisco. Los candidatos coinciden en que debemos fortalecer la educación superior. Pero lo que aún está muy lejos de decidirse es cómo. Los votantes tenemos un reto complicado porque evaluar estas propuestas no es una tarea sencilla. Existen por lo menos tres ángulos para realizar nuestra propia evaluación: aproximarse desde un enfoque cuantitativo, hacerlo desde uno cualitativo o desde su viabilidad política.
La estrategia cuantitativa clásica sería aplicar una técnica conocida como análisis costo-beneficio. A grandes rasgos, la técnica consiste en analizar cada una de las alternativas en lo individual para luego compararlas y hacer una elección. Primero se deben cuantificar todos los costos y beneficios de la alternativa. En seguida, a los beneficios hay que restarle los costos para obtener los beneficios netos. El objetivo es identificar la alternativa con el mayor beneficio neto, y esa es la alternativa que se debe seleccionar e implementar.
El análisis costo-beneficio podrá parecer una técnica muy científica y objetiva, pero está plagada de supuestos problemáticos. Por ejemplo, un primer problema es decidir qué se debe considerar un costo y qué se debe considerar un beneficio, y cuál es el valor económico que se les debe asignar –¿la inversión en infraestructura es un costo, o dejar de invertir en ella es un beneficio? ¿Cuál es el beneficio económico de cada nueva persona con licenciatura? ¿Cuál es el costo de cada nuevo rechazado?–.
Ante los problemas de los enfoques cuantitativos, una salida es movernos hacia enfoques de evaluación más cualitativos. Aquí cabe pensar en otro tipo de preguntas para orientar la discusión. Por ejemplo, una nueva universidad va a generar más egresados, pero quizá la discusión que deberíamos estar teniendo es sobre cuál es el tipo de egresados que necesitamos para los retos actuales de nuestra sociedad. Esta discusión ya no depende de cuántas universidades tengamos, sino del tipo y la calidad de la educación que se imparte en las universidades. Así como esta discusión, existe otra importante cantidad de criterios cualitativos en los que deberíamos reparar.
Finalmente, las propuestas también se pueden evaluar a partir de su viabilidad política. Esto es importante porque en el campo de las políticas públicas desafortunadamente las mejores opciones de política y las opciones que son viables políticamente no siempre coinciden. Tradicionalmente, las opciones de política que finalmente son implementadas son aquéllas que lograron ensamblar una coalición de actores políticos que las respaldaron, independientemente de si se trataba de la mejor opción o no. ¿Cuál de las dos propuestas tendrá mayor viabilidad política después de las elecciones?
Durante los próximos días seguiremos escuchando más de este debate. Proponer la creación de una nueva universidad pública no es un asunto menor. Formemos nuestra propia posición desde una perspectiva más integral, aproximándonos a las alternativas desde diferentes ángulos para poder hacer un juicio más comprensivo.
Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID)
JJ/I