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Esperando justicia
Están colados en todos lados
No está “internalizado”, como dicen los economistas, el costo ambiental del aguacate. Y este, que apenas rebasaba 800 hectáreas (ha) de plantaciones a finales de los años 90 del siglo 20 en Jalisco, hoy podría extenderse sobre casi 25 mil ha. Una parte creció a expensas de viejas zonas de cultivo, pero cerca de la mitad han sustituido bosques naturales, en un proceso de cambio de uso de suelo que sólo fue legal en menos de 5 por ciento, si se atiende a superficies.
Información recabada por NTR Guadalajara en dependencias ambientales federales y estatales acreditan que de 10 mil a 12 mil ha de bosques templados en el sur de Jalisco, en la región Sierra Occidental y hasta en los Altos de Jalisco, desaparecieron para dar paso a huertos aguacateros, un procedimiento que al menos desde 2010 es completamente ilegal, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso en veda los permisos de cambio de uso de suelo, tras el escándalo de un permiso otorgado en el municipio de Mazamitla.
Paradójicamente, la ilegalidad fue incentivada por los fuertes subsidios gubernamentales, los grandes volúmenes de importaciones desde el lejano oriente y la Unión Europea (a Estados Unidos los aguacateros jaliscienses aún no exportan), y los excedentes monetarios de actividades ilegales de bandas del crimen organizado, incluidas operaciones de blanqueo de dinero. Los moradores del sur de Jalisco reconocen que los cárteles controlan en buena medida el territorio y la capacidad de inspección y vigilancia gubernamental está severamente acotada.
(Así se ha transformado el terreno Los Colomos y Loma. La primera foto es de 2013 y la segunda de 2016. Foto: Especial)
Información de expedientes de investigación abiertos por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revelan un modus operandi bastante regular entre los que crecen sus huertos a expensas del bosque de pino: primero se obtienen permisos para extraer madera en rollo para ciclos de 10 años, con lo cual se justifican intervenciones y derribos intensivos de arbolado. Al solicitarse nuevos ciclos de corta, se fijan polígonos distintos en busca de sacar del aprovechamiento el espacio deforestado. Posteriormente, en las zonas fuera del ajuste se establece la huerta. Los aguacateros ilegales tienen apoyo de abogados, técnicos forestales, notarios públicos e incluso ayuntamientos, para asegurar que las subdivisiones y las modificaciones de nombre de los terrenos, los pagos de predial y los registros, estén en regla.
Esta relativa impunidad se garantizó por la falta de capacidad efectiva de la autoridad para inspeccionar, ante el control del territorio por grupos criminales, cuyos jefes de plaza deben dar el visto bueno y la protección a cambio de un pago. La madera extraída de forma ilegal encuentra espacios de transformación en muchos aserraderos de la región, que lo mismo trabajan madera con guías que troncos sin marca y documentación. El modo de documentar estas irregularidades es con apoyo en fotos satelitales o aéreas donde se comparan predios con autorización forestal de un periodo a otro (ver ejemplo en dos fotografías aéreas anexas: el predio se llama Los Colomos y Loma, en Mazamitla; la de arriba es de 2013 y la fotografía de abajo corresponde a 2016).
El contraste con las plantaciones aguacateras formales es importante, porque éstas prácticamente no han afectado más de 660 hectáreas de bosque desde hace 18 años, y se ubican sobre viejos espacios agrícolas cuya reconversión no requiere permisos especiales.
El registro oficial de huertas era de 13 mil 436 hectáreas en agosto de 2014 con un subregistro de 5 mil que se presumían ilegales. Un año después, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, señalaba 16 mil ha (junio de 2015). La Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) calcularon en 2018, de acuerdo a expedientes internos en poder de NTR, que las huertas se extienden sobre más de 25 mil ha de los bosques de Jalisco, de las cuales, entre 10 mil y 12 mil ha crecieron ilegalmente, a expensas de viejos bosques de pino.
Estas evidencias no fueron suficientes para una intervención decidida de la Semarnat o de Jalisco en años anteriores. Por el contrario, el 3 de septiembre de 2017, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval festejaba con los productores, en el municipio serrano de Concepción de Buenos Aires, la elaboración del “guacamole más grande del mundo”… sin reparar en los bosques cercanos, fuertemente golpeados por la deforestación aguacatera.
“El incremento en la participación de Jalisco en la producción nacional de aguacate se puede explicar porque de 2011 a 2016 la superficie sembrada de aguacate creció en 63 por ciento. Por su parte, en Michoacán la superficie sembrada creció 36 por ciento durante el mismo periodo [...] a partir de 2011 el estado de Jalisco ha incrementado su participación en la producción nacional: en 2016 (produjo) casi 10 por ciento del total nacional, mientras que en 2011 sólo produjo 3.3 por ciento”, señala el documento Producción y precio del aguacate en México, 2011-2016, de Laura Elena del Moral Barrera y Brenda Murillo Villanueva
Información de la Semarnat y Profepa revela que los aguacateros ilegales son apoyados por abogados, técnicos forestales, notarios y ayuntamientos
da/i