¿Se fractura el Poder Judicial?

El 9 de julio el pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprobó recurrir a la controversia constitucional en contra de las reformas al Poder Judicial, promovidas por el gobernador Enrique Alfaro, con una votación dividida: 16 votos a favor y 11 en contra, una abstención y un magistrado que no emitió su voto.

La aprobación a favor de la controversia se realizó pocos días antes del período vacacional, previendo que el Congreso del Estado le diera luz verde y el proceso necesario para declarar la constitucionalidad de las reformas –la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos– y su promulgación se acelerara y el plazo que los magistrados tenían para recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia se redujera por estar en días de asueto.

Entre los votos emitidos en contra estuvo el del presidente magistrado Ricardo Suro Esteves, quien argumentó que “tenemos que esperar qué va a pasar con esa reforma en la ley orgánica; tenemos que esperar qué va a pasar en realidad con la reforma constitucional si es que se aprueba y hacer un análisis jurídico sobre qué y cómo podemos inconformarnos, si es que hubiera materia para inconformarnos. A final de cuentas tenemos que tener bases sólidas para ello”.

Transcurrido el proceso legal, dos meses después de la decisión de los magistrados –el 10 de este mes–, el gobernador Alfaro Ramírez promulgó las reformas constitucionales con su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, con lo que a partir del miércoles 11 comenzaron a transcurrir los 30 días hábiles que el Poder Judicial tiene para presentar la controversia.

Sin embargo, no obstante que en varias ocasiones declaró que él estaba obligado a cumplir con el mandato del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, aseguran que el magistrado presidente Suro Esteves no está muy convencido de recurrir a la Suprema Corte por considerar que en la Ley Orgánica del Poder Judicial podrían quedar solventados los asuntos de controversia que generan la oposición de la mayoría de los magistrados, así como un presunto compromiso con el gobernador para que su reforma se aplique sin problemas.

Y es que está previsto que hoy se dé cuenta del dictamen respectivo de esta ley orgánica e, incluso, pudiera dársele primera lectura, para luego de una sesión intermedia se someta a segunda lectura y se apruebe o rechace, aunque por supuesto que se da por hecho que suceda lo primero.

Sin embargo, los 16 magistrados a favor de recurrir ante la Suprema Corte para combatir la reforma al Poder Judicial han sostenido que cualquier punto motivo de su oposición a la reforma que pretenda querer solventarse en la ley orgánica, como la desaparición del haber de retiro y la aplicación de exámenes de control y confianza, y la evaluación por agentes externos, debe reflejarse en la Constitución del estado, pues no hay garantía alguna de que dicha ley no pueda ser modificada por el Poder Legislativo en su perjuicio, ya que sólo requerirían de una mayoría simple.

Si el magistrado presidente Ricardo Suro se niega a acatar la instrucción de la mayoría del pleno de presentar la controversia, entonces tendría que hacerlo cualquier otro magistrado, aunque también corre la desconfianza de que el primero recurra a la Corte con un texto no correctamente elaborado que podría ser rechazado, aunque seguramente será revisado por los magistrados para darle el visto bueno.

Así las cosas, frente a una reforma ya promulgada por el Ejecutivo y en vigor, el escenario al interior del Poder Judicial no parece ser el mejor para enfrentar unidos, como tradicionalmente lo han hecho, esta arremetida por parte del primero y reforzada por el Legislativo, pues a la postura de Suro Esteves se suman los magistrados identificados como parte de la cuota panista.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I