Dineros públicos sin escucha

La distribución de los dineros públicos parece una ciencia manejada sólo por políticos y de poca escucha ciudadana, porque así lo han demostrado en los últimos años, y para este 2020 no fue la excepción. 

Las organizaciones ciudadanas de diversa índole intentaron hacer su propio análisis para levantar la voz, para que tomaran en cuenta sus observaciones y algo cambiara, ¿y qué creen?, pues nada pasó, como siempre, y eso es decepcionante porque la sociedad se organiza, pero de qué sirve si no hay alguien que la escuche y que esté interesado en rescatar lo que se encontró. 

Aparte de la dificultad de analizar la información por la nueva presentación y la falta de indicadores, los ciudadanos se toparon con que sus aportaciones y sus hallazgos no han sido escuchados y como muestra lo que pasó con la Ley de Ingresos 2020 para el estado. Aquí los diputados locales se enfocaron en los posicionamientos políticos, sin escucharse ni siquiera discutir unos a otros sus posturas porque eran rivales. El PRI y Morena hicieron sus propuestas de modificaciones, algunas pensando en la sociedad o que consideraban apegadas a las protestas ciudadanas; otras porque eran inviables o legalmente incorrectas, y simplemente les votaron todo en contra porque eran la oposición. Si no hubo debate de ideas, mucho menos diálogo. 

Y así es siempre, en vez de tratar de llegar a acuerdos, simplemente se ignora, incluidas las manifestaciones ciudadanas cuando se trata de dinero. 

Se logró bajar el refrendo a los motociclistas, pero no por sus protestas, sino porque jurídicamente podría ser impugnable por los automovilistas, sólo por eso, aunque al final sí salió ganando la sociedad. 

Los presupuestos estatales no forman parte del Parlamento Abierto, y eso no es apertura. Tampoco hay buzón de quejas, mucho menos de sugerencias o aportaciones. Todo está cerrado a los partidos políticos. 

La participación ciudadana está avanzando, en esta ocasión hubo dos grupos que analizaron el presupuesto: uno encabezado por el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción Estatal y otro por Think Tank Transversal, los cuales presentaron sus análisis y públicamente hubo nula respuesta.  

Sus hallazgos fueron minimizados y sin respuesta, y aún falta que lo aprueben. La fecha programada es este viernes, aunque por ley debe ser el 15 de diciembre. 

La distribución de los 123 mil 13 millones 287 mil 976 pesos está decidida políticamente por el partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano y sus aliados. Hasta el momento ha habido poco margen de maniobra para otros y menos para la sociedad. 

Apenas este miércoles se conoció que llegaron 612 millones 867 mil 296 pesos más de la Federación que quedan a libre disposición, menos los 24 millones 978 mil 483 pesos que vienen etiquetados para la Universidad de Guadalajara. 

El gobierno estatal tendrá más recursos que los esperados y deberá aclarar en qué los va a gastar, y aquí es donde nos damos cuenta que hay poca atención en lo que piensa el ciudadano. El presupuesto participativo está pendiente de ser una realidad, no en todos los dineros, pero sí en una buena parte. La sociedad se queda sin palabras. 

Las fracciones parlamentarias también sólo ven por ellas, por llamar la atención, por estar en los reflectores, por quedar bien o por llevar agua a su molino, y al final a veces obtienen algo a cambio de su voto, pero sólo pensando en ellos, en sus intereses y muy pocas veces en ayudar a otros. 

¿Cuándo cambiará esta revisión?, ¿cuándo se escucharán otras voces?, y ¿cuándo se construirá juntos? 

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