Derecho a la consulta

En una serie de sketch cómicos (https://ntg.mx/qEf), un grupo de actores vascos se ríen de la inseguridad de un alcalde novato que evade todas las decisiones difíciles que le corresponden convocando a referéndum en cada ocasión, con el pretexto de que él impulsa la democracia participativa, lo que lleva en muchas ocasiones a situaciones absurdas. 

Lo anterior podría servir para reírnos de las ocurrencias de nuestro presidente, que también somete a consulta sus decisiones, aunque induciendo el sentido del resultado, si no fuera porque con esa actitud está erosionando nuestras de por sí poco desarrolladas instituciones, con el pretexto de involucrar al pueblo en el asunto. 

Afirmo que se erosionan nuestras instituciones, porque las supuestas consultas que lleva a cabo López Obrador no cumplen con los requisitos mínimos para empoderar verdaderamente a la población, dado que, en vez de proporcionar información, presentar las opciones, y plantear los pros y los contras de cada una, lo que hace es pedir que se vuelva a hacer un acto de fe en su persona. De este modo, en vez de hacer que el pueblo se involucre, ponderando las consecuencias de su decisión, paradójicamente le permite evadir su responsabilidad, pues en realidad quien decide es López Obrador, ya que es el único que podría tener la información necesaria para decidir. 

Y no contento con eso, el presidente anunció que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza su propuesta de someter a consulta la decisión de juzgar a sus antecesores en el cargo, presentará una propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho del pueblo a ser consultado. Y lo planteó porque, según él, no viola los derechos humanos, lo que no es cierto, porque se viola su derecho a la presunción de inocencia, entre otras violaciones que se dan en el concierto de inconstitucionalidades que detectó el ministro Luis María Aguilar, quien tuvo a su cargo hacer la revisión de parte de la SCJN (la propuesta completa se puede consultar en https://bit.ly/2S8mWih). 

Llama la atención que la misma persona que invocó a los indígenas mexicanos durante la ceremonia del Grito de Independencia de hace dos semanas sea la misma que les impuso un megaproyecto como el mal llamado tren maya, sin respetar su derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, como lo documentó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (https://rb.gy/yad9cv), y además sea la misma que afirma querer garantizar al pueblo mexicano el derecho a ser consultado. 

Esto parece indicar que al igual que a las poblaciones indígenas, el presidente considera al conjunto del pueblo mexicano no como un sujeto de derechos, capaz de tomar decisiones por su propia cuenta, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven, sino como un objeto de protección y de tutela, al que hay que proteger de sí mismo, ahorrándole las complicaciones y molestias que vienen aparejadas con el ejercicio de la libertad. Si es así, su visión es paternalista y autoritaria. 

En ese sentido, no es raro que se enoje con quienes no aceptan esa actitud de su parte, como las organizaciones indígenas y sus aliadas, que defienden su derecho a la libre autodeterminación, así como las mujeres que le exigen que garantice su derecho a una vida libre de violencia. ¿Será que está esperando a que se haga una consulta para determinar si debe hacerlo o no? O tal vez busca pretextos para desacreditar a la SCJN, y poner ahí a gente que le dé la razón, como Trump, y de paso ir haciendo la Constitución a su imagen y semejanza. 

[email protected]

Twitter: @albayardo 

jl/I