ATM fue irregular, señala Contraloría

La licitación del programa A toda Máquina (ATM) fue irregular y los funcionarios que llevaron el proceso incurrieron en “abuso de funciones, la que se califica como falta grave”. Así lo concluyó la investigación que llevó a cabo la Contraloría del Estado, la cual fue entregada a El Diario NTR Guadalajara tras una resolución de transparencia. 

La investigación que realizó la Contraloría sobre la licitación, con la cual se pagarán a la empresa Operadora de Servicios Mega un total de 3 mil 634 millones de pesos a lo largo del actual sexenio, arrojó que hay elementos suficientes para presumir “el actuar irregular de los servidores públicos” de la Secretaría de Administración que llevaron el proceso. 

El programa de ATM consiste en el arrendamiento de maquinaria pesada para 121 municipios del estado y es impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). El fallo a favor de Operadora de Servicios Mega, propiedad del empresario Guillermo Romo Romero, se decidió el 12 de febrero de 2019. 

La Contraloría determinó que los servidores públicos ejercieron atribuciones que no tenían conferidas “para realizar actos arbitrarios y contrarios al principio de legalidad que como servidores públicos tienen el deber de cumplir”, e incurrieron en la “utilización de información falsa”. 

A principios de diciembre de 2020, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez declaró en una entrevista que tras la investigación que se abrió a ATM no se habían encontrado irregularidades; sin embargo, la Contraloría confirmó anomalías dadas a conocer por este diario e incluso algunas adicionales. 

Las conclusiones de la investigación fueron entregadas a NTR por la dependencia, pues así lo ordenó una resolución que emitió el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei) ante una queja presentada a la reserva de dicha información. En una primera instancia la Contraloría la había negado y reservado por cinco años. 

Entre las irregularidades más importantes que encontró la Contraloría se encuentra que el proceso de la licitación fue llevado por un funcionario de la Secretaría de Administración que no tenía atribuciones. En la respuesta entregada a este diario se cubrió el nombre del funcionario señalado; sin embargo, en todas las actas de la licitación que se pueden consultar en Internet aparece la firma de Luis Arturo López Sahagún, quien es director general de Abastecimientos en la secretaría. 

La Contraloría también señaló como irregularidad que en diferentes etapas de la licitación no estuvo presente un representante de la Sader a pesar de que la dependencia requirió el equipo. 

La secretaría no envió representante ni siquiera a la junta de aclaraciones que se celebró el 29 de enero de 2019 a pesar que estaba obligada según lo establecido en el artículo 63 de la ley de compras. La ausencia de la Sader se consumó también pese a que en ese encuentro las empresas interesadas hicieron preguntas sobre las características técnicas del equipo que se iba a arrendar. 

También encontró que se modificaron las bases de la convocatoria a la licitación por parte de funcionarios que presidieron la junta de aclaraciones a pesar de que ésta es una atribución exclusiva del Comité de Adquisiciones, el cual es un órgano colegiado. 

Otras irregularidades confirmadas por la Contraloría estatal están relacionadas con la autorización para que participara la empresa Avancap que, junto con Mega, fueron seleccionadas como finalistas. La dependencia hace énfasis en que en la licitación los funcionarios públicos y los representantes de esta empresa “simularon” que cumplía los requisitos “a efecto de que en el proceso de la licitación se evaluaran al menos dos proposiciones”. 

La Contraloría puntualizó que Avancap no estaba en el Padrón Único de Proveedores y Contratistas y su representante no acreditó esta condición. Además, no cumplió con los requisitos que exigía la convocatoria y, a pesar de eso, los funcionarios que estuvieron al frente de la licitación mintieron al establecer en las actas que sí entregó documentos indispensables. 

Anteriormente, NTR documentó que Avancap no acreditó ser una financiera de objeto múltiple (Sofom) y que no es una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, no entregó calificaciones crediticias y no demostró una experiencia de 10 años ni haber prestado el servicio de arrendamiento ante entidades del gobierno federal; tampoco entregó cartas-compromiso de fabricantes y distribuidores del equipo disponible. 

En la revisión de los documentos se señaló también que en el fallo de la licitación no se incluyó el nombre del responsable de la evaluación administrativa. 

Al calificar las faltas en que se incurrió en el proceso de licitación, la Contraloría determinó que “analizados los hechos irregulares (...) de la totalidad de la información recabada, la misma resulta apta y suficiente para presumir el actuar irregular de los servidores públicos integrantes de la Unidad Centralizada de Compras de la convocante Secretaría de Administración, en el desarrollo del proceso de la licitación pública local 01/2019, para el Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”. 

La Contraloría recordó en su resolución que el artículo 106 de la Constitución establece en su primera fracción que los servidores públicos que incurran en responsabilidad serán sancionados administrativamente “por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo o comisión”. 

Finalmente, puntualizó que los funcionarios incumplieron lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales., Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, así como su reglamento. 

Para recordar 

• A Toda Máquina es un programa consistente en el arrendamiento de maquinaria pesada para 121 municipios del estado. Operadora de Servicios Mega, propiedad del empresario Guillermo Romo Romero, ganó la licitación el 12 de febrero de 2019 y por ella recibirá 3 mil 634 millones de pesos a lo largo del sexenio 

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