Profesionalizar al Congreso

En todos los países que cuentan con una instancia especializada en la creación y actualización de su marco normativo, llámese congreso, parlamento, asamblea legislativa, etc., podemos distinguir dos tipos de funciones claramente delimitadas: las políticas y las técnicas. 

Las funciones políticas las ejercen personas elegidas mediante el voto popular, a las que les corresponde recibir y procesar las demandas y necesidades de la población, especialmente si suscitan conflictos fuertes entre los actores sociopolíticos, para crear mecanismos institucionales para gestionarlos de manera pacífica, fundamentalmente mediante leyes. A esas personas les corresponde, también, pedir cuentas de su desempeño al resto de las personas que ejercen una función pública. Como podemos ver, ejercer funciones políticas implica asumir los conflictos públicos y darles cauce institucional. 

Las funciones técnicas son realizadas por personas cuya preparación y experiencia les dan pericia en ciertas temáticas, con la finalidad de aportar los elementos necesarios para que la gestión de conflictos llevada a cabo por las instancias políticas sea adecuada, y las propuestas viables. En otras palabras, a los diputados les corresponde decidir qué conflictos gestionar, y al personal técnico, aportar insumos para hacerlo de la mejor manera posible. 

Habrá quien piense que nos podríamos ahorrar mucho dinero si ambas funciones las ejercieran las mismas personas, pero eso no es posible en una sociedad tan compleja como la nuestra, dado que, por un lado, la representación popular tiene que reflejar lo más posible la pluralidad de puntos de vista y realidades de quienes integran al pueblo, y por otro, la discusión política de los asuntos públicos requiere de mucho tiempo, y no sería realista esperar que mientras se discuten, se elabore la propuesta de solución para cada uno. 

Por ese motivo es necesario que un Congreso cuente con personal capacitado para resolver las cuestiones técnicas, es decir, que encuentre o desarrolle los mejores medios para lograr los fines acordados mediante la discusión política. En ese sentido, podemos decir que la calidad de la producción legislativa es directamente proporcional a la calidad de las instancias técnicas que la alimentan. 

Esa es la razón por la que, desde hace años, el Observatorio Legislativo del ITESO ha señalado la necesidad de que el Congreso de Jalisco cuente con un servicio profesional de carrera, diseñado de forma tal que propicie estabilidad laboral, al mismo tiempo que cree los incentivos necesarios para propiciar la superación académico-técnica del personal y evalúe su desempeño con criterios técnicos, no políticos. 

Adicionalmente, ese sistema debería favorecer la autonomía del personal técnico, para que su trabajo brinde viabilidad a los acuerdos tomados por el cuerpo legislativo, cuando sea posible hacerlo, al tiempo que pueda oponerse a validar lo que es inviable. Un sistema con esas características debería servir para atraer talento, y proscribir el nepotismo o el pago de favores mediante la asignación de plazas a quien no las merece. 

En ese sentido, aplaudo que la Comisión de Administración y Planeación Legislativa del Congreso de Jalisco haya expedido un reglamento sobre esa materia, además de anunciar acciones concurrentes. Sin embargo es importante recordar que en la actual legislatura hay personas que ya han manipulado las cosas para favorecer a sus parientes de manera indebida, así que es muy necesaria la presión y supervisión ciudadana y mediática para que esto no caiga en saco roto. El Congreso funciona cuando lo obligamos. 

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